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Escocia decidirá en política social

La autonomía prometida después del triunfo del 'no' en el referéndum permitirá a Edimburgo ampliar las ayudas del Gobierno de Londres

ÍÑIGO GURRUCHAGA

Martes, 10 de noviembre 2015, 00:22

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londres. La Cámara de los Comunes dio ayer su visto bueno a la Ley de Escocia, que incluye la ampliación de la autonomía prometida por los principales partidos británicos durante la campaña del referéndum por la independencia, celebrado en septiembre de 2014 y zanjado con la victoria del 'no'. La ley fue enmendada a última hora para acercarla a las posiciones de los independentistas.

El proyecto de ley inicial encontró una oposición rotunda en las filas del Partido Nacional Escocés (SNP), porque a su juicio no reflejaba las promesas electorales ni las conclusiones posteriores de la Comisión Smith, que hizo público un consenso entre partidos sobre qué competencias adicionales debía Londres transferir a Edimburgo.

El Gobierno conservador, con un solo diputado en Escocia, que es el ministro para la región, aceptó una de las críticas principales y la ley incluye ahora el derecho de aumentar los subsidios transferidos. De esa manera, la ministra principal, Nicola Sturgeon, podrá ofrecer una política de protección social más extensa que la de los conservadores de Londres.

La norma, que transfiere a Edimburgo la responsabilidad de fijar los tipos del impuesto de la renta, parte del IVA, los subsidios de vivienda, desempleo y otros, añade competencias a una autonomía escocesa que ya tiene potestad administrativa sobre la educación, la sanidad o la Policía. Incluye también una cláusula por la que el Parlamento escocés no puede ser disuelto salvo mediante la celebración de un referéndum.

Después de superar todos los trámites en los Comunes, la ley será ahora debatida en la Cámara de los Lores, que tiene un poder muy limitado en este tipo de normativa y donde no sufrirá modificaciones significativas, salvo que hayan sido pactadas previamente por los partidos que tienen la mayoría en los Comunes y por el SNP.

Entonces se aplicará el mecanismo que esta nueva ley establece como norma, cuando era hasta ahora una convención. En la tramitación de la primera ley de autonomía escocesa, en 1998, un ministro laborista, Lord Sewel, afirmó que el Parlamento de Londres no legislaría sobre materias transferidas sin el consentimiento previo de la Asamblea de Edimburgo.

Así ha operado esa convención, que ahora se convierte en ley. Requiere que el Parlamento autonómico dé su visto bueno a la ley de Escocia, ahora en sus últimas fases de tramitación. La mayoría del SNP ha aceptado en el pasado normas autonómicas que no le satisfacían plenamente y parece probable que se repita esa actitud pragmática.

Negociar el marco fiscal

El éxito final dependerá de que haya acuerdo en una negociación que se desarrolla fuera del Parlamento y de las cámaras. Los responsables de Hacienda en Londres, George Osborne, y Edimburgo, John Swinney, quieren sellar este mes el marco fiscal que sostendrá las nuevas transferencias.

Es una negociación compleja sobre áreas, como la transferencia del impuesto sobre la renta, que nunca han sido tratadas, que implican cálculos no realizados anteriormente y arreglos administrativos delicados. Y está en juego que Escocia gane, pierda o quede igual en la adjudicación del gasto público, que hasta ahora le beneficiaba con respecto a otras regiones.

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