Alemania quiere poner a los refugiados a trabajar

berlín. Más de 200.000 personas se agolpan ya en los centros de acogida alemanes distribuidos por todo el país desde el comienzo de la crisis de los refugiados, mientras el ministro federal de Interior, Thomas de Maizière, estudia un drástico y polémico endurecimiento del derecho de asilo para aplicar a rajatabla la convención de Dublín, y su colega de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, amenaza a los países insolidarios de la Unión Europea con una decisión mayoritaria para imponer el sistema de cuotas contra el que se resisten, sobre todo, los socios del este y centro de Europa.

Pero una de las prioridades de Berlín es poner a los recién llegados a trabajar cuanto antes. Angela Merkel repite una y otra vez que la integración de los extranjeros llegará por el aprendizaje del idioma y la inclusión en el mercado laboral. Y su vicecanciller, Sigmar Gabriel, presentó ayer una iniciativa en colaboración con patronal y sindicatos para potenciar el estudio de la lengua entre los refugiados. El plan contempla que los jóvenes solicitantes de asilo que accedan a la formación profesional recibirán un permiso de trabajo para dos años, una vez completados los cursos, incluso si vieran rechazada su petición de refugio. La industria alemana quiere aprovechar este potencial para atender sus necesidades de mano de obra cualificada.

Las autoridades esperan para este fin de semana otra oleada de refugiados que podría superar las 15.000 personas desde los Balcanes occidentales. La nueva avalancha tendrá lugar cuando los gobiernos de los 16 estados federados se ven aún desbordados para atender a los más de 200.000 más recientes, según cifras recabadas por el semanario Die Zeit. Ese número no abarca la totalidad de los demandantes de asilo llegados desde comienzos de año, sino sólo aquellos que residen en centros de acogida primarios y albergues provisionales, donde no deberían permanecer más de tres meses antes de pasar a residencias y viviendas permanentes.

El elevado número de peticionarios de refugio hace cada vez más complicado encontrar viviendas vacías en las que puedan comenzar una nueva vida. Para afrontar la llegada masiva, los estados federados planean crear hasta fin de año 100.000 plazas de acogida provisional y el Gobierno central, otras 40.000, estas últimas gestionadas por el Ejército federal en antiguos acuartelamientos.

Jefe de empleo y migración

A los problemas de acogida se suma el retraso que acumula la Oficina Federal para Migración y Refugiados (BAMF) en la tramitación de las peticiones de asilo. Su presidente, Manfred Schmidt, dimitió «por motivos personales», en medio de las críticas por el deficiente funcionamiento de su organismo, pese a que había reforzado la plantilla recuperando a funcionarios jubilados y con nuevo personal. El titular de Interior anunció ayer que el ahora jefe de la Agencia Federal de Empleo (BA), Frank Jürgen Weise, sucederá a Schmidt y compaginará ambos cargos. Weise cuenta con una larga experiencia en la industria privada, pero también en el Ejército federal, donde se formó como paracaidista y en cuya Universidad estudió empresariales, para licenciarse como capitán.

De Maizière ya había anunciado un proyecto de ley por el que, a partir de la Convención de Dublín, cerrará la puerta a todos los refugiados que lleguen desde otro país de la Unión Europea. Según esa iniciativa, los afectados recibirán un billete de vuelta para retornar al país por el que entraron en la UE y una bolsa con alimentos para el viaje. Además, el ministro pretende que aquellos peticionarios de asilo cuya solicitud ha sido rechazada y no pueden ser deportados por causas provocadas por los propios interesados pierdan el derecho a cualquier ayuda social, a la vez que se les prohíba expresamente trabajar en el país. En cuanto a los de terceros países «seguros» -Albania, Montenegro, Kosovo o Macedonia-, se les prohibirá también trabajar o formarse profesionalmente. Quienes obtengan el asilo y no se encuentren en edad escolar estarán obligados a trabajar en el momento en el que reciban una oferta de empleo. No aceptarla los dejará sin cobertura social.

La iniciativa del ministro, muy criticado por la gestión de la crisis de los refugiados, ha provocado nuevas acusaciones. «El aislamiento, la disuasión y el desamparo se convierten en programa», afirmó la ONG Pro Asyl, en la que un portavoz comentó que esas medidas afectarían a todos los refugiados llegados desde Hungría en las últimas semanas. También la oposición verde y La Izquierda criticaron duramente las propuestas del titular de Interior, por entender que contradicen la línea marcada hasta ahora por la propia canciller federal, que ordenó abrir las puertas a los atrapados en Hungría a principios de mes y prometió asilo a los sirios sin importar la vía por la que llegaran a Alemania.

Entretanto, el ministro de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, amenaza a los países de la UE que rechazan el reparto de los refugiados por cuotas con imponer esa medida por medio de una votación por mayoría, a la vista de que no hay modo de alcanzar un consenso.