Limpieza étnica en República Dominicana

Deportarlos es un eufemismo, porque buena parte del casi medio millón de afectados ha nacido en República Dominicana y por lo tanto no tiene más país que ese. Se trata, por tanto, de convertir a cientos de miles de personas en apátridas, algo que no tiene precedente en el mundo. «Nunca he estado en Haití», contó a Amnistía Internacional Liliana Nuel, que no habla criollo ni tiene familia en Haití. «Si mañana me mandan para allá, no sabré qué hacer ni a dónde ir».

Nuel tiene 21 años y es madre de tres hijos, que no ha podido inscribir en el registro civil porque ella misma carece de una cédula de identidad. Y no porque, como la mayoría de los emigrantes haitianos, hubiera nacido con una comadrona en los bateyes, esas comunidades formadas junto a las plantaciones de caña donde aún viven en la marginalidad. Nuel nació en un hospital de la provincia de Monte Plata, a donde el patrón llevó a su madre a la hora de dar a luz. Sus padres cumplieron con todos los requisitos, la registraron apropiadamente y hasta le dieron un nombre «latino», para que pasara desapercibida, pero cuando se hizo adulta y fue a sacarse la documentación le dijeron que no podía hacerlo, porque sus padres eran haitianos y no figuraban en el registro.

En septiembre de 2013 el Tribunal Supremo dio la razón a esa costumbre racista de no reconocer a los hijos de los haitianos por considerar que sus padres estaban «temporalmente» en el país, aunque lleven allí varias generaciones. Y ahora el presidente Medina, necesitado de una dosis de populismo tras cambiar la Constitución para volver a presentarse a las elecciones, ha llevado la tradición anti haitiana al extremo: quienes no se hayan registrado como extranjeros legales antes del 30 de junio, serán deportados.

Cerca de 300.000 personas de origen haitiano lograron sortear el laberinto de papeleos y requisitos imposibles que incluyen siete certificados. Hicieron cola hasta tres días seguidos y se inscribieron en el registro que les obliga a declararse lo que algunos no son: extranjeros en el país donde nacieron, el único que conocen. Con todo, las autoridades han adelantado que «la gran mayoría» de las solicitudes están incompletas. En concreto, dos terceras partes, que equivalen a unas 200.000 personas. Y una vez que acaben de procesarlos, empezaran las deportaciones que convertirán a unos en apátridas y devolverán a otros al Estado más pobre del hemisferio occidental.

La mitad más africana de La Hispañola, descubierta por Colón en su primer viaja a América, está hacinada en torno a la capital, Puerto Príncipe, donde en el 2010 un poderoso terremoto no dejó piedra sobre piedra. El mundo se propuso entonces convertir aquella dantesca tragedia en una oportunidad para sacar a Haití del tercermundismo. Cinco años después, una investigación de Propublica sostiene que con los 500 millones de dólares (439 millones de euros) que recaudó la Cruz Roja internacional tras el terremoto se han construido seis casas. Cientos de miles de personas siguen viviendo en campamentos, sin contar las 200.000 que se calcula que siguieron el camino de los cañeros tras el seísmo.

Clamor internacional

La «limpieza», como la llaman los mismos dominicanos, ha despertado tal clamor internacional que el Gobierno de Medina la pospone cuanto puede, «a la espera de que la opinión pública mundial deje de prestar atención», dice Wade McMullen, director legal de la Fundación de Derechos Humanos Robert Kennedy, que no piensa dejar que el tema caiga en el olvido.

A las noticias de que el Gobierno había contratado medio centenar de autobuses y establecido campamentos en la frontera para las deportaciones masivas, le ha seguido un silencioso goteo que a la Organización Internacional de Migración (OIM) no le ha pasado desapercibido. En las dos semanas de entre el 16 de junio y el 3 de julio que siguieron al cierre del registro, más de 1.000 personas de origen haitiano dejaron República Dominicana sin planes para volver. El 36% que lo hizo forzado por diferentes grupos civiles, militares o policiales.

Saint Soi, un hombre de 35 años, casado y con cuatro hijos, que vivía en República Dominicana desde los siete años, contó a los funcionarios de la OIM que el primer aviso se lo dieron unos individuos que asaltaron la casa y se lo llevaron todo. Luego aparecieron los militares, que arrastraron a toda la familia hasta la frontera. El comerciante había intentado regularizar su situación durante el periodo de registro, pero la suya fue una de las más de 200.000 solicitudes que las autoridades han juzgado incompletas. «Sé de gente que se ha gastado 20.000 pesos (388 euros) y todavía se la han rechazado», explicó. La frustración la comparte también Anose Timolien, una joven de 25 años que llegó después del terremoto y se casó con un dominicano, con el que tiene una hija. Ha intentado registrarse dos veces sin lograrlo. Si la deportan, la separarán de su hija y su marido, que sí son reconocidos como dominicanos.

Los dominicanos de origen haitiano sin cédula de identidad no pueden inscribir a sus hijos al nacer, ni mandarlos al colegio o hacer cosas tan sencillas como comprarse un teléfono móvil.