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Pancarta en el Supremo.
El Tribunal Supremo  de EEUU da luz verde  a las inyecciones letales

El Tribunal Supremo de EEUU da luz verde a las inyecciones letales

MERCEDES GALLEGO CORRESPONSAL

Martes, 30 de junio 2015, 00:38

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El espectáculo debe continuar, por grotesco que sea. Esa fue prácticamente la decisión de ayer del Tribunal Supremo, que permitirá reanudar las inyecciones letales en EE UU con un ingrediente llamado midazolam, cuya misión es impedir que el reo sienta cómo «se quema vivo» con la aplicación de los otros dos fármacos destinados a pararle los pulmones y el corazón.

Prueba de que el midazolam no siempre cumple su misión es que en abril del año pasado, en Oklahoma, Clayton Lockett recuperó la conciencia y tardó 43 minutos en morir. En ese tiempo los médicos intentaron meterle de nuevo los catéteres por venas reventadas mientras los testigos le oían gemir y forcejeaba con las correas en aparentes gestos de dolor.

Episodios semejantes con ese nuevo fármaco que sustituye a los barbitúricos se repitieron en Arizona y Ohio, suficiente como para que la jueza Sonia Sotomayor determinase ayer que «claramente no se puede confiar» en él para mantener la inconsciencia frente a un dolor agonizante. «Las contorsiones no valen este precio», concluyó, al disentir con la opinión de 5 a 4, que piensa que las ejecuciones deben continuar porque los reos no han presentado ninguna alternativa.

Los problemas para aplicar el cóctel letal con que mayoritariamente se ejecuta a los condenados en EE UU surgieron tras la presión de países europeos y la UE en su conjunto sobre las compañías farmacéuticas que fabricaban estos productos cómplices en la pena de muerte. A medida que han aceptado la responsabilidad de no vendérselo a las penitenciarías, estas han recurrido a genéricos de fabricantes desconocidos que no quieren revelar y alternativas que a todas luces dejan a los presos expuestos a sufrir un castigo «cruel, injusto e inusual», las tres palabras que según la Octava Enmienda Constitucional no puede suponer la pena de muerte.

Hasta ahora abogados y activistas se han fijado en la primera para combatir su legalidad, pero el juez Stephen Breyer, en la opinión disidente, facilitó ayer a los detractores una pista para demostrar que se está volviendo inusual y, por lo tanto, anticonstitucional. «Si preguntamos cuántos estadounidenses viven en un Estado donde al menos ocasionalmente se lleve a cabo una ejecución (al menos una en los últimos tres años), la respuesta hace dos décadas habría sido de entre el 60% y el 70%, pero ese número es ahora del 33%», escribió.

Breyer cree que a la luz de lo que ha pasado en las últimas cuatro décadas desde que el Supremo se pronunció por última vez sobre la constitucionalidad de la pena de muerte es hora de revisarla, porque «es altamente probable que viole la Octava Enmienda», escribió. Una opinión que difícilmente encontrará suficiente eco en el tribunal de nueve jueces con cargos vitalicios hasta que uno de los cinco conservadores sea reemplazado.

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