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MERCEDES GALLEGO CORRESPONSAL
Martes, 2 de junio 2015, 00:43
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nueva york. Por unos días, el mundo ha vuelto a los tiempos de antes del 11-S, al menos en lo que al espionaje antiterrorista se refiere. Desde ayer el FBI y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) tienen que pedir una orden judicial a un juez ordinario cuando quieran espiar a todos los que rodean a un sospechoso, en lugar de aprovechar la rúbrica de un tribunal secreto para meter la mano en los millones de llamadas de teléfono, correos electrónicos y hasta facturas de hotel que puedan derivarse de él.
El lapso, que empezó en la medianoche del domingo al lunes, hora estadounidense, y durará hasta que el Senado y la Cámara de Diputados reconcilien dos versiones de la llamada Ley de la Libertad, es cortesía del senador y aspirante presidencial Rand Paul.
El conservador libertario, que se ha convertido así en uno de los legisladores más odiados del Congreso, se alza como un héroe de la libertad que dice defender. «Lo interesante es que la defensa de la privacidad haya aglutinado a activistas de derecha e izquierda, lo que habla de lo importancia que tiene en nuestro país», dijo Wade McMullen, director legal de la organización de Derechos Humanos Robert F. Kennedy.
Paul aprovechó reglas de procedimiento para evitar la votación que perseguía el líder de su partido Mitch McConnell para prorrogar la Ley Patriótica en sus términos actuales. Su oposición era conocida, pero McConnell subestimó su audacia. Convencido de que al final se le cuadraría una mayoría absoluta, el líder del Senado dejó pasar los meses y hasta dio la semana libre al Senado antes de reconvenir horas antes de que expirase el capítulo 215 de la Ley Patriótica.
Vacío legal
Al final del día a McConnell no le quedó más remedio que poner a votación la ley aprobada por la Cámara Baja, que acaba con la recolección masiva de metadatos y traslada a las compañías privadas la obligación de guardarlos por si el gobierno necesita consultarlos. Esa ley fue aprobada en el Senado por la abrumadora mayoría de 77-17, pero todavía necesitará de varias modificaciones que tendrán que volver a ser votadas en ambas cámaras, dejando así al Gobierno en un lapsus legal.
Para McMullen, la versión de la Cámara Baja supone «un paso adelante en positivo», pero considera que en la práctica tendrá pocas consecuencias mientras se siga privando a los ciudadanos del debido procedimiento legal antes de intervenir sobre su intimidad con órdenes judiciales extraídas en el tribunal secreto creado con la Foreign Intelligence Surveillance Act (Fisa). Lo único que cambiará la nueva legislación en ese sentido es que las sentencias de la Fisa tendrán que hacerse públicas cuando contengan una interpretación novedosa.
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