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GERARDO ELORRIAGA
Miércoles, 22 de abril 2015, 00:37
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El Gobierno sudafricano ordenó ayer el envío de soldados para hacer frente a la ola de xenofobia que sufre el país desde hace un par de semanas. Las tropas se desplegarán en las áreas metropolitanas de Johannesburgo y Durban, las más afectadas por la violencia contra los extranjeros. El ministro de Defensa, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, aseguró que la medida llega en «el momento adecuado» y que no debería haberse aplicado antes, como han asegurado los más críticos. «No llega tarde porque no somos un Estado militar», ha replicado, admitiendo la situación de emergencia que vive la potencia austral.
El anuncio llega después de conocerse que una pareja de ciudadanos zimbabuos fue tiroteada en el barrio capitalino de Alexandra la noche del lunes, aunque consiguieron sobrevivir al ataque. Sin embargo, el apuñalamiento mortal del mozambiqueño Emmanuel Sithole, el pasado sábado, parece motivar la decisión de recurrir a las fuerzas armadas. Cuatro jóvenes, de edades comprendidas entre los 18 y los 22 años, han sido detenidos por el crimen, fotografiado por el reportero James Oatway. La difusión de las imágenes, en las que se aprecia el terrible acoso y asesinato de este vendedor callejero de dulces, ha provocado nuevas críticas de los países originarios de los inmigrantes sobre la incapacidad de la Administración para hacer frente a las turbas.
Las críticas también arrecian contra Goodwill Zwelithini, el rey zulú, acusado de instigar los disturbios. El líder tradicional ha condenado los hechos violentos, pero buena parte de la opinión pública le atribuye la inducción del fenómeno por asegurar que los extranjeros deberían empacar sus bienes y marcharse de Sudáfrica. Esta aseveración, realizada durante un mitin el que propugnaba la regeneración moral de su pueblo, ha sido interpretada como el desencadenante de la ola xenófoba.
Las protestas más graves provienen de las repúblicas vecinas, emisarias de numerosos inmigrantes. Cientos de manifestantes en Lilongwe, capital de Malawi, han solicitado el procesamiento del monarca y el boicot de los productos sudafricanos. La falta de seguridad ha empujado a numerosos residentes foráneos a abandonar sus hogares y buscar refugio en tiendas de campañas instaladas junto a estaciones de policía. Fuentes de la Administración también han reconocido que unas 900 personas han solicitado voluntariamente su repatriación y los medios de comunicación locales hablan de incidentes en otros lugares alejados del epicentro de los sucesos, caso de Ciudad del Cabo.
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