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La ministra de Justicia, Midori Matsushima.
Japón vive la mayor crisis política desde el 2012 por la dimisión de dos ministras

Japón vive la mayor crisis política desde el 2012 por la dimisión de dos ministras

Sendos escándalos fuerzan la salida de las titulares de Justicia y de Comercio e Industria, símbolos de la apuesta por la igualdad

ZIGOR ALDAMA

Martes, 21 de octubre 2014, 00:52

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A Shinzo Abe le ha salido el tiro por la culata. Con el nombramiento en septiembre de cinco mujeres ministras en el nuevo Ejecutivo de 18 miembros, el primer ministro japonés pretendía demostrar que ellas también pueden acceder a las esferas más altas del tradicionalista poder nipón; pero, sólo mes y medio después, esa decisión que provocó el aplauso de quienes luchan por la igualdad de género se ha convertido en el mayor escándalo político que sufre Abe durante este mandato. Porque, ayer, dos de ellas presentaron su dimisión en un intervalo de pocas horas para tratar de minimizar el daño de los escándalos que estaban protagonizando.

Abrió la veda Yuko Obuchi, titular de la cartera de Comercio e Industria, que dejó el cargo por uso indebido de unos 300.000 euros de fondos públicos que utilizó para agasajar con regalos a sus partidarios. «Investigaré a fondo lo que ha sucedido y lo explicaré en el Parlamento», aseguró en una breve rueda de prensa en la que pidió disculpas «por no haber contribuido al relanzamiento de la economía», una de las promesas clave del primer ministro, y «por no haber conseguido crear una sociedad en la que puedan brillar las mujeres». Con una reverencia de disculpa se retiró la mujer que hizo historia hace seis años al convertirse en la primera que daba a luz mientras lideraba un ministerio -entonces era el de Asuntos de la Mujer- y la más joven en acceder a un cargo de ministro en el país desde la II Guerra Mundial. Con sólo 40 años, muchos la veían como futura candidata a primera ministra.

La reverencia se repitió pocas horas después. En esa segunda ocasión quien la hizo fue la ministra de Justicia, Midori Matsushima, que ahora se enfrentará a las acusaciones de haber violado la legislación electoral que lanzó el pasado viernes el opositor Partido Demócrata. Aparentemente, en algunos de los mítines previos a las últimas elecciones Matsushima regaló clásicos abanicos de papel 'uchiwa' con su rostro impreso en ellos a los electores que acudieron a los actos. Y el problema es que su valor superaba el máximo permitido -suficiente apenas para pegatinas y chapas- por la normativa que regula la transparencia en las campañas electorales.

Un tercer frente abierto

Por si fuese poco, una tercera ministra, Eriko Yamatani, encargada de resolver los secuestros de ciudadanos japoneses a manos de agentes norcoreanos, también está en la diana de la oposición. Se le acusa de estar relacionada con el grupo ultraderechista Zaitokukai, cuya ideología racista -que busca la expulsión de los 500.000 ciudadanos de etnia coreana que residen en Japón sin haber sido naturalizados- muchos consideran propia de neonazis.

A pesar de que la ministra ha negado toda relación con esta organización, que cuenta con unos 12.000 miembros, una revista local publicó una fotografía en la que se la ve conversando con el antiguo líder de Zaitokukai, Shigeo Masuki. «No recuerdo cuántas veces nos hemos podido ver, y no creo que sea apropiado que haga comentarios acerca de grupos concretos», despachó cuando se le preguntó por ello.

Ahora es evidente que Abe tiene en sus manos un problema importante. Aunque el primer ministro asumió su responsabilidad rápidamente y se apresuró ayer a nombrar sucesores para las dos carteras vacantes -Yoichi Miyazawa en Economía, Comercio e Industria, y Yoko Kamikawa en Justicia-, lo cierto es que se trata de un gran varapalo para su popularidad, en horas bajas tras el aumento del IVA. No obstante, el mandatario ya sabe lo que supone una crisis de este tipo: en el 2006 y el 2007, cuando se alzó por primera vez con el cargo de primer ministro, tres ministros fueron cesados y un cuarto se suicidó por escándalos con la apropiación de fondos públicos.

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