SEPTIEMBRE

En otros tiempos, no tan lejanos, la política riojana afrontaba el mes de septiembre aquejada de una morosidad que a duras penas empezaba a ser vencida pasadas las fiestas de San Mateo. Esa cadencia vagarosa parece haber sido desterrada en el presente inicio de curso por urgencias inusuales. Unas, según lo visto, sobrevenidas por el discurrir de las comisiones con las que el Parlamento trata de convencer a la opinión pública de su compromiso «investigador» (o lo que sea). Otras atribuibles -¡albricias! - a la iniciativa del Gobierno, inusualmente decidido a marcar la agenda a la oposición después de consumida la mitad de la legislatura. Alguna más, en fin, asociada a la determinada voluntad de ponerse las pilas, según se del propósito formulado por Concepción Andreu al anunciar que el PSOE está dispuesto a impulsar con el resto de las fuerzas opositoras un presupuesto alternativo al del Gobierno para el ejercicio de 2018.

Como quiera que los presupuestos vienen a ser la plasmación en cifras de un programa político, la novedad que permitiría contrastar los proyectos del Gobierno y de la oposición promete ser interesante. De producirse, al menos serviría para superar la dialéctica, previsible y baldía, que suele establecerse entre la propuesta que el Ejecutivo remite cada año al Parlamento y su descalificación por parte de los grupos opositores sin mayor compromiso que el de cubrir el trámite. Eso sí, con la correspondiente objeción a la totalidad y, en su caso, la tentativa de introducir algunas enmiendas parciales.

A falta de confirmación, se diría que la desconexión veraniega ha venido bien a algunos de los actores principales de la política riojana para dar en el busilis de que el paso del ecuador de la legislatura significa que queda menos tiempo para las elecciones que el transcurrido desde que se celebraron las anteriores. Se ha acabado, por tanto, el entretenimiento de los juegos florales y apremia la toma de posiciones para ganar en 2019. Pasado mañana.

A ese motivo cabe adjudicar la decisión con la que José Ignacio Ceniceros ha afrontado el nuevo curso, poniendo deberes para acometer sin excusas la reforma del Estatuto de Autonomía. Desde que asumió la presidencia del Partido Popular de La Rioja, Ceniceros es mucho más consciente de que se le viene encima un desafío que, hasta el momento, sólo había vivido en segunda línea de fuego. Tras un tropiezo como el que puso en peligro la continuación del PP al frente del Gobierno regional, sobre él recae la principal responsabilidad de una remontada hasta otra mayoría absoluta. Son tiempos difíciles para alcanzar metas tan ambiciosas, pero es lo que hay.

Asumido el doble liderazgo de su partido y del Ejecutivo autonómico, el presidente se ha despojado de los corsés que le imponía la bicefalia. Se nota en el aire, más seguro de sí mismo, con el que pilota la acción política y la Administración de la comunidad. También en la indudable liberación que para él ha supuesto dejar de sentirse sometido al escrutinio implacable de su predecesor. Apagada la luz orgánica que proyectaba la larga sombra de Pedro Sanz, José Ignacio Ceniceros no tiene reparos en asumir también un tercer papel: el de cabeza de cartel en las elecciones de 2019. A su juicio, el Congreso regional dejó clara la preferencia de los afiliados. Por otro lado, admite que no tiene «muy buenas impresiones» de las primarias. Blanco y en botella si no fuera porque el preacuerdo que abrió paso a la negociación del pacto de gobernabilidad con Ciudadanos incluía el compromiso de elegir a los candidatos mediante elecciones primarias. Siempre cuando haya más de un aspirante, claro.

Ceniceros se enfrenta a la hora en que es necesario asumir la responsabilidad de ganar las siguientes elecciones para satisfacer al menos tres expectativas: la de su partido, la de su gobierno y la suya personal. Y ello en unas circunstancias que podrían complicarse si las votaciones se producen después de modificada la ley electoral autonómica para rebajar desde el 5% hasta el 3% de los votos el umbral que es necesario superar para tener derecho a un escaño en la Asamblea legislativa regional.

Todas las formaciones políticas se muestran conformes con una reducción de la exigencia de acceso que ampliaría el número de voces en la Cámara. De haber estado vigente hace dos años, el Parlamento contaría hoy con diputados procedentes de seis candidaturas distintas: PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos -las cuatro que obtuvieron representación-, PR y Cambia. Ahora bien, con aquellos mismos resultados, PP y Ciudadanos habrían perdido los dos puestos que estarían asignados a las fuerzas que se quedaron en puertas por no alcanzar el 5% de los sufragios emitidos.

Como aseguraba José Ignacio Ceniceros en este periódico el pasado 30 de julio, las dificultades que se aventuran en el camino no deberían evitar el aprovechamiento de las oportunidades que la actual coyuntura política ofrece para acometer decisiones de calado. «Es el momento idóneo, sin mayorías absolutas, para reformar el Estatuto», decía. Tal vez, también, para sentar las bases que dificulten en el futuro la consolidación de modelos políticos basados en el rodillo y la imposición. Aunque sólo sea para verificar la tesis del filósofo holandés Rutger Bregman, autor de , quien recuerda que los sistemas que obligan a pactar restan poder a los partidos y dificultan la corrupción.

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