La Rioja

Cuando querer no es poder...

María Jesús Pellejero, Íñigo Anguiano, Ana Revilla (presidenta de FEAPS-La Rioja), y Alberto Payueta, ayer, por la calle San Millán.
María Jesús Pellejero, Íñigo Anguiano, Ana Revilla (presidenta de FEAPS-La Rioja), y Alberto Payueta, ayer, por la calle San Millán. / Juan Marín
  • La incapacitación judicial conlleva «generalmente» la privación «automática» del sufragio, algo que denuncia FEAPS y que incumple la Convención de la ONU de Discapacidad

  • Riojanos con discapacidad intelectual reivindican su derecho al voto el 24M

«A ellos, por tener discapacidad intelectual, todo les cuesta el doble... incluso poder votar». Silvia Andrés, gerente de FEAPS-La Rioja, resume la situación que viene padeciendo parte del colectivo, que con sentencias de incapacitación les es retirada una de las máximas expresiones de participación con que cuentan los ciudadanos.

Casos como el de Íñigo Anguiano y María Jesús Pellejero se antojan incomprensibles, pues pasaron de votar a ser excluidos del censo electoral de la noche a la mañana, incluso con la Justicia haciendo oídos sordos a sus demandas. Hoy, varias elecciones después, ambos insisten en recuperar su derecho, pero paradójicamente el coste económico que les supondría iniciar un proceso judicial para su revisión se lo imposibilita.

La Federación Riojana de Organizaciones de Personas con Discapacidad Intelectual de La Rioja es consciente del problema, y una vez más reivindica y anima al colectivo a recuperar el derecho perdido. Un derecho que, para más inri, viene establecido en la Convención de la ONU sobre Discapacidad, firmado pero incumplido por España.

El artículo 29 establece que los estados partes, «caso del nuestro», deben asegurar la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la vida política y pública en igual condiciones que las demás -incluidos, lógicamente, el derecho y la posilidad de votar-. Dicho de otro modo: son las Administraciones quienes deben garantizárselo.

Sin embargo, a día de hoy y pese a los avances logrados, todo depende de la sensibilidad del juez. Y es que cuando se solicita la incapacitación en pro de su propia protección el derecho a voto queda anulado automáticamente cuando no debería ser así. «Las incapacitaciones no pueden ser totales porque sí», explica Ana Revilla, presidenta de FEAPS-La Rioja.

En España -no hay datos por regiones- hay 80.000 ciudadanos privados del derecho de sufragio debido a que tienen algún tipo de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo por el que se les ha incapacitado judicialmente, lo que conlleva la imposibilidad de votar y ser elegidos en sufragios.

Estas personas, según viene denunciando FEAPS, son privadas de su derecho a votar a pesar de que la ley electoral establece que únicamente no pueden votar aquellas personas declaradas incapaces por sentencia judicial firme, siempre que dicha sentencia declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio. Por tanto, si la sentencia de modificación de la capacidad no lo dice expresamente, la persona tiene derecho a votar. ¿Cuál es el problema entonces? «Las sentencias de incapacidad en España se han aplicado durante años de forma que automáticamente privan de dicho derecho pese a no especificarlo».

«La legislación nacional reguladora del derecho de sufragio se debe adaptar a las exigencias de la Convención», explica Ana Revilla, eliminando así los obstáculos que actualmente impiden a las personas con discapacidad ejercer su participación plena y efectiva. FEAPS mantiene en marcha para ello, desde el 2011, la campaña 'Mi voto cuenta'.

Y es que en casos como el de Íñigo y María Jesús, de 39 y 49 años respectivamente, querer votar no es poder. Ellos lo hicieron, saben lo que es, tienen sus ideas, pero... una sentencia se lo impide. Ambos cuentan el duro golpe que supuso dejar de hacerlo. «Me creó malestar y estrés... de hecho, el juez que me incapacitó ni me lo preguntó cuando a mí era algo que me interesaba», explica. Íñigo, de la misma manera, recuerda que en su día de poco sirvió que en su demanda incluyesen un informe de la trabajadora social pidiendo la incapacidad parcial para que, en su caso, le fuese mantenido el derecho a voto. Alberto Payueta les entiende pues él sí que puede votar al no tener sentencia de incapacidad. «Me dejan firmar un contrato de móvil, votar en cofradías, pero no en las elecciones como antes hacía», ironiza Íñigo.