La vuelta a la jornada de 35 horas, próximo tema de negociación

El Gobierno plantea reducir las 37,5 horas semanales actuales en algunos ámbitos de la administración pública a partir de 2018

D. V.

madrid. Con la recuperación económica los empleados públicos han ido poco a poco logrando revertir alguna de las medidas adoptadas por los distintos gobiernos durante la crisis. Así, tras cinco años con los sueldos congelados (más el recorte de 2010) en 2016 consiguieron una subida salarial del 1% que se repite en 2017. Sin embargo, el Ejecutivo ya se ha comprometido a que la revalorización sea más elevada en 2018. Asimismo, la tasa de reposición cero se ha eliminado y se convocarán unas 250.000 plazas de empleo público en los próximos tres años. Sin embargo, una de las principales reivindicaciones de los sindicatos de la función pública aún no satisfecha tiene que ver con la vuelta a la jornada semanal de 35 horas, el próximo tema sobre la mesa de negociación.

Hasta ahora el Gobierno del PP, que fue quien elevó en 2012 el tiempo de trabajo a las 37,5 horas actuales, se había negado en banda a cualquier modificación. De hecho, ha recurrido al Tribunal Constitucional la vuelta a las 35 horas aprobada por el Gobierno de Andalucía. Una decisión criticada desde UGT, CC OO y CSIF por considerar que puede provocar la pérdida de 10.000 puestos de trabajo. Sin embargo, esta semana se produjo un cambio en el discurso del Ejecutivo y el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, dejó la puerta abierta por primera vez a estudiar esa demanda de cara a los Presupuestos Generales de 2018. Eso sí, precisó que, en todo caso, no se retirará el recurso contra Andalucía. Además, negó que se tratara de una reducción generalizada, sino que se estudiarían «caso por caso» los sectores que reúnan las características necesarias para poder implantar esa jornada menor.

Desde el sindicato CSIF reclaman al Gobierno que las negociaciones sobre la vuelta a las 35 horas comiencen ya en este mes para que las comunidades autónomas tengan tiempo de poder incluir esa medida en su propios Presupuestos del próximo año. Desde CSIF defienden la medida por considerar que permite «la creación de empleo de calidad y supone una mejora de los servicios que reciben los ciudadanos». En este sentido, recuerdan que algunos ámbitos de la administración se encuentran «desbordados por el deterioro sufrido por la pérdida de personal durante los años de crisis económica».

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