Los vigilantes de El Prat y la empresa aceptan al árbitro escogido por el Gobierno

D. VALERA

madrid. Todo listo para que comience el proceso de arbitraje obligatorio en el conflicto del aeropuerto de El Prat después de que ambas partes, trabajadores y empresa, aceptasen el mediador elegido por el Gobierno, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña. Aunque lo hicieron con distinto entusiasmo. Así, los vigilantes de seguridad anunciaron ayer que no presentaron alegaciones contra el árbitro. En cualquier caso, el portavoz del comité de huelga, Juan Carlos Giménez, quiso dejar claro que el laudo arbitral impuesto por el Ejecutivo «no procede» ya que no hay ningún motivo que lo haga necesario. De hecho, los trabajadores ya avisaron nada más conocerse la decisión de que recurrirán a los tribunales este laudo.

Por su parte, la empresa Euelen, concesionaria de los controles de seguridad del aeropuerto barcelonés, ya había mostrado también su respaldo a este árbitro que tendrá 10 días para hacer un dictamen de obligado cumplimiento par las partes.

El conflicto laboral comenzó a principios de agosto con varias jornadas de paros parciales que provocaron colas de pasajeros de casi dos horas para superar los controles. A partir del lunes la huelga se hizo indefinida (está suspendida temporalmente tras el atentado de Barcelona) después de que los trabajadores rechazasen la propuesta de la Generalitat, que actuaba como mediadora.

El mediador de la estiba

Con este escenario, el Gobierno aprobó un laudo arbitral obligatorio y propuso el viernes a Marcos Peña como responsable después de que empresa y trabajadores fueran incapaces de ponerse de acuerdo en un nombre. De hecho, tras una reunión ninguna de las partes propuso a nadie. Peña dispone de experiencia en conflictos laborales. El más reciente el de los estibadores y las empresas portuarias, aunque ahora su dictamen será obligatorio.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, justificó la necesidad de imponer un arbitraje después de que las negociaciones fracasaran. El Gobierno recuerda que hay precedentes, y defiende que se ha tenido en cuenta la posición «irreconciliable de las partes», así como la «duración prolongada de la huelga» y sus «graves consecuencias» para la economía española.

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