El Supremo recibe «un aluvión» de recursos sobre la devolución del impuesto de plusvalía

El alto tribunal decidirá en julio si los municipios deben reintegrar a los contribuyentes el cobro indebido de esa tasa en los años no prescritos

D. VALERA

madrid. Los recursos de casación presentados sobre el impuesto de plusvalía municipal se han disparado en el Tribunal Supremo. De hecho, las reclamaciones sobre este gravamen suponen aproximadamente una quinta parte de los relativos a materias tributarias que han sido admitidos a trámite por esta institución. Un volumen que el magistrado del Tribunal Supremo Emilio Frías no dudó en calificar de «aluvión» y que, en cualquier caso, no serán resueltos hasta julio, cuando se espera que el alto tribunal dictamine si los ayuntamientos tienen que devolver a los contribuyentes lo cobrado de forma indebida por este gravamen, entre otras cuestiones. Hay que tener en cuenta que el Tribunal Constitucional declaró nulo en junio del año pasado el pago de este impuesto en los casos en que se registren pérdidas en la venta del inmueble. Ese fallo dejó la puerta abierta para que los afectados puedan reclamar la devolución de lo cobrado indebidamente en los ejercicios no prescritos, es decir, los últimos cuatro (no hay estimación sobre qué coste tendría). Esa será una de las dudas que el Supremo deberá despejar.

Esta posibilidad ha provocado que el número de recursos sobre este impuesto que llegan hasta el Supremo se acelere. Según los datos facilitados ayer por el magistrado Frías durante la jornada de 'La inspección tributaria de las grandes empresas' organizada por Deloitte se han admitido 80 recursos sobre este gravamen, lo que supone un 17,5% de los 457 recursos que afectan a la tributación aceptados en 2017. Asimismo, se registran entre 30 y 40 casos más cada semana. Sin embargo, el magistrado reconoció que estos recursos «están aparcados» hasta que el Supremo se pronuncie en unos meses en una sentencia que creará jurisprudencia. Y es que hasta ahora los distintos tribunales han emitidos fallos con criterios diferentes. Así, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló el pago de este impuesto aunque la vivienda se revalorizó al entender que tras la anulación de algunos artículos por parte del Constitucional no se puede aplicar la liquidación del impuesto hasta que exista una nueva normativa sobre este tributo. Es decir, hasta que el Congreso apruebe la reforma de esta tasa. Una opinión compartida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o de Navarra, pero no de otras comunidades. Precisamente, los ayuntamientos advirtieron desde un principio a Hacienda de la inseguridad jurídica que se creaba tras el fallo del Constitucional y urgieron al departamento que dirige Cristóbal Montoro para que aprobase una reforma del impuesto. Sin embargo, el Gobierno tardó meses en llevarla a cabo y todavía se encuentra en el trámite parlamentario. La nueva legislación contempla que el gravamen no se aplique cuando no se hayan producido ganancias en la venta del inmueble. Para ello bastará con mostrar el precio de la compra fijado en las escrituras con el de la venta para comprobar la diferencia.

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