Siete de cada diez euros en multas europeas, a cargo de las arcas españolas

Solo en el último lustro, acumula casi 54 millones en multas, 5,4 veces más que el segundo país de esta clasificación, Bélgica

J. A. BRAVO MADRID.

No cumplir con las reglas comunitarias ni en la forma debida ni tampoco en el momento oportuno le está saliendo caro a España, y mucho en comparación con el resto de los Estados miembros de la UE. Y es que siete de cada diez euros que ingresa la Comisión Europea (CE) en concepto de multas vienen precisamente de sus arcas públicas.

Según la última estadística de Bruselas -que recoge las sanciones en el año en que efectivamente recibe el ingreso, dado que antes pueden ser recurridas-, España ha pagado un total de 53,9 millones de euros solo en los últimos cinco ejercicios. Esa suma supera en 5,4 veces el segundo mayor castigo económico aplicado por la CE, que recae en Bélgica con otros 10 millones.

El tercer puesto entre los socios europeos que más multas han pagado lo ocupa Grecia, con 5,4 millones, seguida de Irlanda con 4,1 millones y Suecia con dos. Por detrás de ellos se acabaron las sumas millonarias y la que aparece es Portugal, con solo 388.000 euros.

Los motivos de esas sanciones son sobre todo tres: incumplir las directivas europeas, trasladarlas con retraso a la normativa nacional o desobedecer sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE). Esto último es lo que le sucedió a España con la reforma del sector de la estiba, que se encarga de las tareas de carga y descarga de mercancías para los barcos que llegan a los puertos.

En diciembre de 2014 el TJUE dio la razón a Bruselas, al estimar que en la estiba había monopolio de 'facto'. Pero como el Gobierno no cambió la situación pese a ser expedientado el país, en 2006 volvió a la carga proponiendo dos multas que llegaron a sumar más de 24 millones. La reforma del sector no se aprobó hasta mayo pasado, si bien la admisión de culpa y su «buena fe» concedió cierto indulto a España, reduciendo el castigo a tres millones.

El problema es que hay otros casos que amenazan con sanciones. La Ley Hipotecaria, que supera los dos años de retraso en aprobarse -no se espera que el Parlamento lo haga hasta mediados de 2018- es de los más importantes. Pero aquí aún no habido petición de sanción, a diferencia de los 186.000 euros diarios por no recoger toda la Directiva de 2014 sobre contratos de concesión y los 124.000 euros por incumplir las normas de gestión de derechos.

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