Separar grano y paja en la economía colaborativa

Una persona se conecta a la aplicación de Uber para pedir un servicio en Londres. :: reuters / T. Melville

Bruselas prepara una iniciativa contra las prácticas «desleales», mientras en España Fomento y Hacienda ya han tomado cartas La polémica creciente sobre las grandes plataformas como Uber, Cabify, Airbnb o HomeAway lleva a las autoridades a replantearse la necesidad de nuevas leyes

J. A. BRAVO

madrid. «La tecnología no crea su propio destino, sino que interactúa con nuestra cultura y nuestras instituciones». Esta fue la advertencia lanzada el pasado 26 de junio en Barcelona por uno de los mayores expertos en la llamada economía colaborativa, un término tan difuso como cambiante tras el que aparecen realidades muy distintas. Se trata del profesor Yochai Benkler, catedrático de Derecho Empresarial en la Universidad de Harvard, quien viene así a llamar la atención respecto al hecho de que los problemas que están generando algunas plataformas no son culpa del sector en sí, sino del propio afán de lucro que tiende a controlar la sociedad.

Y es que en los primeros años de la crisis la aparición de lo que entonces se llamó consumo colaborativo buscaba «compartir» activos (productos y servicios) poco utilizados. El negocio era entonces algo claramente secundario. Fruto de aquel movimiento incipiente de 2009 y 2010 nacieron decenas de modalidades aplicables a distintos ámbitos (alojamiento, finanzas, transporte, trabajo, consumo, educación, gastronomía...) y en las que predominaban expresiones como «intercambio», «trueque», «segunda mano», o tecnicismos como «crowdfunding (proyectos de financiación grupales o de masas)», «crowdticketing (organización de sesiones de cine, teatro o similar bajo demanda).

NEGOCIO MÁS QUE OCIO

11.100
millones de euros anuales movería, como mínimo, la economía colaborativa según estimaciones del propio sector, que prevé duplicar esa cifra en el horizonte de 2025 hasta suponer más del 2% del PIB.
55%
de los ciudadanos han utilizado este tipo de servicios, mientras en la UE el 17% es usuario habitual.
114.000
millones pueden llegar a aportar a la economía de la UE estas actividades, según el Parlamento Europeo.

Pero las grandes plataformas de servicios a través de internet, como Uber y Cabify en el transporte de viajeros bajo demanda -donde rivalizan con el taxi-, o Airbnb y HomeAway en el turismo y la vivienda -su alquiler de pisos ha despertado duras críticas entre el sector hotelero y, en bastante casos, los propios vecinos de esas zonas por la masificación de esos viajeros 'low cost'-, por citar a las más poderosas, han terminado por hacerles sombra y, a la vez, ser objeto de una polémica creciente que distorsiona la imagen del resto de operadores colaborativos. Y es que, como apunta el profesor Benkler, «no todo es 'sharing' -palabra inglesa que significa compartir y que los expertos creen más adecuada para estas actividades- en el sentido más literal y filantrópico».

«Yo creo más en el futuro de esos modelos ligados a la filosofía de una economía circular (fabricar pensando en reutilizar) que cuando se sustituye un mercado por otro, como por ejemplo Uber, o un empleado fijo por otro autónomo», señala Alejandro Lago, profesor de Producción, Tecnología y Operaciones del IESE. Su colega David Murillo, miembro del departamento de Ciencias Sociales de Esade, otra escuela de negocios, es más gráfico aunque comparte el mensaje: «Hay grano y hay paja. En muchos (operadores) hay mucho de 'sharing' profesional y poco de 'sharing' colaborativo».

«La realidad supera la ley»

Sin embargo, es indudable que la importancia en cifras de esta llamada economía colaborativa tiene bastante que ver con el impulso de esos grandes actores, los mismos que según Sandra Sieber, profesora de Ciencias Sociales en el IESE, «tratan de aprovechar los recovecos jurídicos» haciendo que, «una vez más, la realidad haya superado las leyes». Según un reciente estudio de la Fundación EY, apoyada por la Asociación Española de Economía Digital (Adigital) y el Círculo de Empresarios, el negocio anual de este sector se mueve entre el 1% y el 1,4% del Producto Interior Bruto (de 11.100 a 15.600 millones de euros), con la estimación de duplicar este volumen en el horizonte de 2025.

Las tres actividades más rentables para ello son la compraventa entre particulares (supone el 37%), el alojamiento (32%) y después el transporte (13%), aunque va en claro ascenso. Más de la mitad de los ciudadanos (55%) ha utilizado alguna vez este tipo de plataformas, un nivel similar al de la Unión Europea donde el 17% es usuario habitual.

En términos continentales, esas magnitudes se multiplican. La Comisión Europea estima una facturación anual superior a los 20.000 millones de euros, con posibilidad de quintuplicarse en menos de diez años y alcanzar los 114.000 millones, según el Parlamento Europeo.

Precisamente las instancias comunitarias se han pronunciado en las últimas semanas sobre la necesidad de unificar criterios, e incluso implementar nuevas normas, para evitar abusos en ese ámbito. El 15 de junio los eurodiputados reconocían que, ante las «diferencias significativas» que existen en la jurisprudencia local, nacional y en breve incluso la europea -el abogado general del Tribunal de Justicia de la UE ya ha presentando sendos informes considerando a Uber un servicio de transporte y respaldando que se le regule como tal, sancionando sus excesos-, es preciso que haya «reglas claras para cubrir las zonas grises», tanto a nivel laboral como fiscal o de derechos de los consumidores.

Pocos días después, la comisaria búlgara que lleva la cartera europea de Economía y Sociedad Digitales, Mariya Gabriel, confirmaba que, «efectivamente, habrá una iniciativa de la Comisión sobre las prácticas desleales entre plataformas y empresas que operan en ellas». Aunque no concretó en qué sentido iría esa normativa, dado que los actores en juego «son muy distintos», sí sugirió que no se piensa sacar a nadie del mercado... en principio.

«Estas plataformas hay que mantenerlas», como innovadores y dinamizadores económicos -argumentó la comisaria-, que habla de «ajustes necesarios» pero «no regular en exceso». Y todo, de nuevo, pensando en «proceder a una unificación total del mercado único». En un entorno digital que «hoy por hoy aún es endeble en la Unión Europea».

Hasta que llegue cada país va lidiando con el problema como puede y aplicando su legislación nacional, aunque sin normas específicas para la economía colaborativa. En España, el Ministerio de Fomento anunció a finales de junio que en breve aprobará varias iniciativas normativas para evitar una burbuja de especulación en torno a las licencias VTC, que permiten a conductores no profesionales competir con los taxistas. Busca impedir que las empresas que intermedian para el alquiler de estos vehículos (con flota propia incluso) puedan vender o arrendar esos permisos en los dos años siguientes a su obtención.

En el plano turístico, ayuntamientos y comunidades autónomas pecan de descoordinación en la regulación de los llamados pisos turísticos. Barcelona, por ejemplo, es ahora de los más activos en sanciones tras años de aparente inacción. Hacienda, por su parte, ultima un decreto para obligar a las plataformas de alquiler, sobre todo Airbnb y HomeAway, a identificar a los propietarios y presentar informes periódicos con fines de «prevención del fraude fiscal». pero las plataformas dudan de si tiene competencia para ello. Una nueva polémica está servida.

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