Seguimiento masivo de una huelga que el taxi prevé repetir si no hay cambios

La marcha de taxistas en Madrid ayer, en su día de huelga, junto al Congreso. :: oscar del pozo/
La marcha de taxistas en Madrid ayer, en su día de huelga, junto al Congreso. :: oscar del pozo

El sector dice haber reunido más de 30.000 personas en su protesta frente a Uber y Cabify pero el Gobierno retrasa hasta 2018 sus medidas

J. A. BRAVO MADRID.

Dos huelgas en lo que llevamos de año... y las que pueden venir. Es la reacción del sector del taxi ante lo que estiman una competencia desleal creciente de las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC), fundamentalmente las grandes plataformas llegadas con la economía digital como Uber y Cabify, verdaderas multinacionales.

Ayer vivieron su segundo paro de 24 horas -el primero fue el 29 de junio pasado, aunque limitado a las grandes capitales-, que había sido convocado a escala nacional aunque en algunas comunidades el seguimiento fue muy desigual, sobre todo en Castilla y León, Asturias y Andalucía, con diferencias locales entre unas ciudades y otras. Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla concentraron el grueso de la protesta.

En la capital española, de hecho, se celebró una marcha multitudinaria que se prolongó durante más de tres horas. En ella, según las principales asociaciones del taxi (Fedetaxi, Antaxi y Élite, junto a plataformas como TNT y Caracol), participaron entre 30.000 y 40.000 personas, en parte profesionales procedentes de otras regiones, mientras que la delegación del Gobierno los redujo a cerca de 4.000. En la veintena de vehículos que encabezaban la manifestación se podían leer carteles con lemas como 'Save the taxi', 'No +VTC' y 'No a la CNMC', verdadero 'ogro' del sector dado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia viene alineándose con las tesis de Uber y Cabify, esgrimiendo que han de primar las reglas del libre mercado frente a otros intereses.

También fue objetivo de las iras de los taxistas el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, pese a que a principios de septiembre parecía haber alcanzado un cierto consenso con el sector. Entonces anunció una serie de medidas para mejorar la regulación de los VTC y evitar posibles abusos aprovechando vacíos legales. Entre ellas, un registro digital para verificar si los servicios que prestan esos conductores se atienen a la normativa, la prohibición de venta de licencias hasta que no pasen al menos dos años desde su concesión y la obligación de que al menos el 80% de la actividad se realice en la comunidad que le dio la autorización.

Con estas actuaciones el Gobierno espera reducir el intrusismo y el trasvase entre territorios que, en la práctica, ha convertido en papel mojado en muchas comunidades la ratio máxima de un VTC por cada 30 taxis. Fomento cuantifica en 64.857 las segundas, 5.000 menos de lo que calcula el INE, frente a 6.455 de las primeras, medio millar más.

Desde el Ministerio, sin embargo, alegan que «no pueden legislar contra las sentencias judiciales», advirtió ayer el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, en referencia a los fallos que el Tribunal Supremo ha empezado a dictar casi en cadena. Estos dan la razón a los titulares de VTC que entre 2013 y 2015 vieron suspendidos sus permisos por una moratoria.

Con ese devenir, se esperan 10.000 licencias más de VTC en los próximos meses, por lo que desde asociaciones como Antaxi no descartan alargar las protestas, convocando incluso otros paros nacionales, «si no hay voluntad política y una solución al conflicto».

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