EL RIDÍCULO TECNOLÓGICO DE SUS SEÑORÍAS

Tenemos un problema. Nuestros legisladores tienen que actualizar su sistema operativo. Urgentemente. La protección de nuestros datos y la efectiva garantía de los nuevos derechos de ciudadanía digital representan un incómodo reto para unos poderes públicos, especialmente los parlamentos, concebidos hace siglos con el objetivo de controlar a habitantes de carne y hueso de un territorio físico determinado. Ahora, a la hora de regular nuestras tecnificadas vidas digitales, apenas balbucean preguntas y legislan torpemente. Con el escándalo Snowden en 2013 descubrimos que nuestra privacidad era vulnerada, en el nombre de la seguridad, por agencias de inteligencia a escala global. Con el escándalo de Cambridge Analytica hemos comprobado -por fin- que nuestros datos también eran violentados de forma masiva, esta vez en el nombre del negocio de unos pocos. En ambos casos, las grandes multinacionales tecnológicas de las que dependen nuestras vidas -Google, Facebook, Microsoft, Yahoo, etcétera- aparecían como cooperadores necesarios de este atropello masivo a nuestras incautas e ingenuas vidas digitales.

Y, sin embargo, cuando han tenido la oportunidad, los representantes de la soberanía popular no han sabido afrontar el interrogatorio. La falta de comprensión del ecosistema digital de sus señorías no puede seguir siendo motivo de bromas. «Si la aplicación de Facebook será siempre gratuita, ¿cómo sostienen un modelo de negocio en el que los usuarios no pagan por sus servicios?», le preguntó a Zuckerberg el senador republicano Orrin Hatch, de 84 años. Tras un silencio incómodo, el joven empresario le contestó: «Ponemos anuncios, señoría». Son los datos, estúpidos, le faltó decir. El lunes pasado en la Eurocámara el dueño de Facebook, tras escuchar una perorata tras otra de los eurodiputados, solo tuvo los 22 minutos finales para responder, en bloque y sin mucho nivel de detalle, a las preguntas planteadas. «¿Le gustaría ser recordado como el genio que creó un monstruo digital?», le preguntó el liberal Guy Verhofstad. Zuckerberg no se molestó en contestar.

El formato de la comparecencia tampoco le obligaba a ello. No vaya a ser que se sienta ofendido. Claro que hay que examinar a las grandes tecnológicas. Pero ha llegado el momento de poner bajo la lupa también la forma en que los políticos plantean sus preguntas. Y no es solo un problema de retórica, sino de calidad legislativa. ¿De verdad era necesario someter a 500 millones de ciudadanos de la Unión Europea a semejante bombardeo de notificaciones de política de privacidad y solicitudes de consentimiento? El nuevo reglamento de protección de datos (RGPD) que entró en vigor en toda la UE el viernes constituye, sin duda, un avance en la protección de la privacidad de los ciudadanos europeos, y una importante señal política hacia otras latitudes. Sin embargo, su puesta en marcha ha supuesto una especie de repetición del «efecto 2000». La intensidad y frecuencia de las notificaciones de privacidad y peticiones de consentimiento a la política de 'cookies' han generado una «fatiga» generalizada en los usuarios. Y dudosamente conducirá a la necesaria interiorización consensual y realmente informada de qué ocurre con nuestros datos.

¿Qué deben hacer, entonces, los parlamentos? Adoptar leyes eficaces, a partir de un entendimiento suficiente del ecosistema digital, que garanticen el equilibrio de los distintos bienes jurídicos y económicos en juego. Garantizar el equilibrio, en este caso, quiere decir tener muy presente la ventaja competitiva con la que parten las grandes plataformas de Silicon Valley en la llamada economía del data.

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