Una reforma paralizada por la falta de consenso y sin horizonte claro

La división de la CNMC y los cambios en otros supervisores tendrán que esperar, al menos, hasta mediados de 2018

J. A. BRAVO MADRID.

'Tempus fugit' (el tiempo vuela), como decían los latinos, pero en el caso de la reforma de los organismos supervisores no parece haber prisa. Otras prioridades marcan la agenda del Ministerio de Economía, responsable último de esos cambios, porque detrás de ellas está la presión de la Unión Europea.

La más acuciante es la nueva Ley Hipotecaria, aprobada el pasado 3 de noviembre por el Consejo de Ministros, año y medio después del límite de Bruselas para adaptar la directiva comunitaria. Y en enero le toca a la trasposición de la norma europea sobre mercados e inversiones financieras, la MIFID II.

Por eso la vuelta de la CNMC a sus orígenes, esto es, una autoridad sobre Competencia y otra sobre regulación de mercados -seguirían juntos, al contrario que hasta 2013- no está prevista en lo que queda de año. Y eso que fue en enero cuando el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, anunció que había llegado a un pacto con el Gobierno para modificar esas estructuras.

La formación liberal ha sido una de las más activas en la promoción de esa reforma -de hecho, la incluyó en el pacto que permitió la investidura de Mariano Rajoy hace un año-, que afectaría también a la manera en que se nombran los consejeros de los reguladores.

Hace pocas semanas propuso al resto de grupos parlamentarios la creación de una especie de consejo de sabios, instancia que filtraría los candidatos a dichos organismos. Para garantizar su independencia plantea que formen parte de aquel un magistrado del Tribunal Supremo (de la Sala de lo Contencioso-Administrativo), un consejero permanente del Consejo de Estado, el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), un exjuez o abogado que haya ejercido en el Tribunal de Justicia de la UE y un catedrático.

El PSOE, sin embargo, no lo ve claro y prefiere una convocatoria pública y luego un examen de un comité asesor, elegido a su vez por los propios grupos políticos. Para Ciudadanos eso no garantizaría la independencia y prefiere el sorteo.

Parece claro que sin los partidos de Rivera y Pedro Sánchez -de este podría valer la abstención si el Gobierno logra el respaldo del PNV-, la reforma de la CNMC no saldría adelante. Por eso fuentes parlamentarias apuntan que, aunque las conversaciones comenzaron hace meses, marchan con lentitud y no se prevé un acuerdo, al menos, hasta mediados de 2018.

El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, lo sabe y por eso hace poco anunció cambios internos de relevancia. Incluyen crear una unidad de inteligencia económica, reforzar la coordinación con la Abogacía del Estado ante los recursos frente a multas -que quiere hacer «suficientemente disuasorias»- y celebrar vistas orales.

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