El recargo fiscal a las viviendas vacías enfrenta a Gobierno y ayuntamientos

Los consistorios le reprochan que no defina cómo considerar una casa deshabitada «con carácter permanente» y evitar así dudas legales

J. A. BRAVO

madrid. «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». Lo dice la Constitución, que también insta a los poderes públicos a promover «las condiciones necesarias» para ello, estableciendo «las normas pertinentes». No obstante, varias comunidades y ayuntamientos sí han ido dando pasos a la vista de que en el Ejecutivo central han sido parcos.

Hace catorce años se abrió la puerta a penalizar a los propietarios de casas vacías -la tasadora Tinsa las estima en 340.000 si hablamos solo de las construidas desde 2008, pues en total llegarían a 1,6 millones- reformando la Ley de Haciendas Locales, pero solo a medias y con algunas piedras en el camino. La principal, y que ha hecho que una mayoría de municipios no establezcan ese recargo de hasta el 50% en la cuota líquida del impuesto de bienes inmuebles (IBI) para aquellos de uso residencial que no estén recibiendo uso alguno, es que no se concretó la definición de una vivienda desocupada «con carácter permanente».

La consecuencia ha sido que algunos tribunales superiores de justicia (TSJ) han echado atrás ese recargo aprobado por diferentes consistorios, al considerar que no estaba claro si las viviendas estaban realmente vacías a todos los efectos. También por estimar que regular en esa materia corresponde solo al Estado, esto es, el vacío existente no puede ser subsanado por ordenanzas municipales. Así, el Ejecutivo sigue teniendo pendiente de aprobar un reglamento que desarrolle dicha normativa pero, pese a las promesas realizadas a los responsables de la Federación Española de Municipios y Provincias desde 2010, el asunto lleva años prácticamente parado.

Distintos ayuntamientos, incluidos los de grandes capitales como Madrid, han aprobado en los últimos meses sendas mociones para pedir al Gobierno que actúe ya y establezca las condiciones para que una vivienda pueda ser considerada desocupada de forma continua. No obstante, el Tribunal Constitucional ya respaldó en septiembre un incremento especial en el IBI para ese tipo de inmuebles, e incluso mayor del previsto en la ley referida. Lo hizo al resolver las dudas del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ante la decisión de las Juntas Generales de Guipúzcoa de llevar ese recargo al 150% en algunos supuestos. Eso sí, como mucho algún municipio ha llegado al 100%, es decir, a duplicar el importe de la tasa.

Para los miembros del TC, «la no utilización de un bien o su uso no habitual ponen de manifiesto una riqueza real o potencial». Y para dirimir si una vivienda está o no habitada, apuntaban como referencia válida el empadronamiento. También han validado el impuesto específico que la Generalitat de Cataluña aprobó en 2015 para los inmuebles desocupados más de dos años y propiedad de una persona jurídica (no de un particular). Además, a finales de febrero el Constitucional dio su visto bueno a la normativa de Navarra para expropiar viviendas en esa misma situación, si antes sus propietarios no han atendido el aviso de la Administración.

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