Las quiebras empresariales no entienden de recuperación económica

Aunque el PIB creció más del 3% en los tres últimos años, se sigue sin tocar suelo en los concursos e, incluso, parecen repuntar

J. A. BRAVO MADRID.

El principio de los vasos comunicantes, por más conocido que sea, no parece estar funcionando entre la evolución económica de un país y las quiebras de sus empresas. Al menos, no en España, a la vista de las estadísticas, oficiales y privadas.

A nivel macroeconómico, y aunque el paro sigue siendo un problema -tras rozar el 27% en marzo de 2013 (el segundo registro más alto de su historia), la tasa de desempleo ha caído al 16,5% actual pero aún está lejos de bajar del 9%, como antes de la crisis-, la recuperación se puede dar por hecha tras encadenar tres años seguidos con un Producto Interior Bruto (PIB) creciendo a una tasa superior al 3%. Incluso el beneficio de las empresas ha superado los registros anteriores a las dos últimas recesiones -más de 473.000 millones de euros en 2016, según los últimos datos del INE-, aunque la masa salarial todavía está 34.400 millones de euros por debajo de aquellos niveles (un 6% menos que en 2007).

Pero en materia de deudas, y aunque los pagos que las empresas tienen pendientes con las entidades financieras se han reducido (aunque poco más de dos puntos en otros tantos años), todavía tenían pendientes de pago 894.131 millones al cierre de 2017. Esto supone más del 80% del PIB anual y casi hay que dar gracias a la política de tipos baratos del Banco Central Europeo, por debajo del 1% desde julio de 2012 y anclados en el 0% desde marzo de 2016.

En los cuatro años anteriores los casos se redujeron a la mitad, pero en 2017 subieron un 14%

Sin este colchón, las quiebras de compañías se habrían multiplicado. De hecho, aún con el margen que ha dado la estrategia monetaria de Mario Draghi, la madeja de concursos de acreedores en España apenas se ha desenredado. Si nos remontamos dos décadas atrás, el promedio anual superaba el millar (1.097 en 1997, según la consultora especializada en quiebras Informa) aunque, diez años más tarde -poco más de dos desde la entrada en vigor de la primer Ley Concursal-, el volumen resultaba similar (1.029 en 2007).

Con la llegada de la crisis los problemas económicos de las empresas se multiplicaron, y la consecuencia fue que los procedimientos concursales se dispararon. En apenas seis años se multiplicaron por nueve hasta registrar un máximo de 9.708 en 2013, justo al final de la última recesión de la economía española.

Desde entonces llegó su descenso, fuerte pero con matices. En cuatro años las quiebras tramitadas en los juzgados de lo mercantil como concursos se redujeron prácticamente a la mitad (-49%), quedando en 4.947 a la conclusión de 2016. Pero el año pasado, y pese a crecer el PIB un 3,1% -eso considerando la ralentización de la actividad en el último trimestre, en parte influenciada por la tensión política en Cataluña-, volvieron a repuntar. Y no fue precisamente pequeña la subida (14,1%), para finalizar con 5.647 casos.

De ellos, siete de cada diez (el 69,8%) fueron protagonizados por empresas y el resto por personas físicas, donde precisamente se registró su máximo histórico (1.704, diez veces más que en 2008) tras haberse incrementado de forma imparable desde la entrada en vigor en agosto de 2015 de la llamada Ley de Segunda Oportunidad. Esta norma, ligada al procedimiento concursal, permite al deudor particular ser exonerado de la mayor parte de sus pagos pendientes si acredita que no tiene dinero ni activos, y demuestra actuar «de buena fe», esto es, que su insolvencia no haya sido provocada y que haya agotado las opciones de alcanzar un acuerdo previo con sus acreedores. Y, además, que en los diez años anteriores no se hubiera beneficiado de dicha ley, ni en los cuatro más próximos hubiera rechazado una oferta laboral «adecuada a su capacidad».

68.500 firmas, a la quiebra

En los últimos 20 años más de 68.500 empresas se han declarado en quiebra, según los datos de Informa extraídos a su vez del registro mercantil. Desde 2004 se contabilizaban solo los concursos de acreedores, pero desde el Consejo General de Economistas (CGE) advierten de que «las cifras de insolvencia reales son inferiores a las que aparecen en las estadísticas oficiales», sobre todo porque hay compañías que echan el cierre sin acudir a ese tipo de procedimiento debido a «su gran complejidad».

Según el Atlas Concursal del CGE, de media una de cada 800 empresas activas está en concurso, aunque reafirma su tesis anterior porque el número de pagos registrado por el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), del que dependen miles de trabajadores en caso de impagos de sus despidos (normalmente por quiebra de la compañía), resulta «claramente superior» -el ratio es de 1,6 veces más-.

Tampoco las mediaciones concursales parecen estar siendo la solución, pese a aumentar más de un 30% los dos últimos años. El problema es que solo se han beneficiado de ellas el 4% de las empresas insolventes. A la vez, los acuerdos extrajudiciales resultan casi ridículos entre las personas jurídicas (empresas), solo 17 frente a casi un millar en las personas físicas.

No resulta extraño que las llamadas empresas 'zombis' sigan siendo un gran problema, y no solo a escala nacional. De él han alertado desde el Banco Internacional de Pagos -la cuasi 'patronal' de los bancos centrales de cada país- hasta la organización de las economías más desarrolladas (OCDE). Son aquellas que sobreviven a costa de refinanciaciones constantes, pero sin mejorar su capacidad de pago. En a España llegaban al 16% (aunque los últimos datos son de 2014), solo por debajo de Grecia (28%) e Italia (19%) en la Eurozona.

España, con todo, tiene uno de los ratios más bajos de empresas en concurso en la UE (0,1%, frente al 0,3% de Italia, el 0,6% de Alemania y el 2,1% de Francia). Pero los vientos que llegan no parecen buenos. En 2017 se dispararon un 12% los procedimientos en el comercio, y otro 6% en la industria tras cuatro años de descensos. Además, aumentaron las ampliaciones de capital (25% más), según la consultora Axesor, y se redujo un 7,5% la creación de empresas.

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