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La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ayer en el Congreso. :: efe
El PP se queda solo en su defensa del factor de sostenibilidad de las pensiones

El PP se queda solo en su defensa del factor de sostenibilidad de las pensiones

El Congreso insta al Gobierno a derogar este mecanismo que rebajará en 2019 las nuevas prestaciones unos 75 euros de media

LUCÍA PALACIOS

MADRID.

Viernes, 16 de marzo 2018, 00:51

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El PP volvió a quedarse solo en el sempiterno debate de las pensiones en un momento en el que la presión de la calle, con grandes movilizaciones convocadas para este fin de semana, aumenta en su demanda de una mayor revalorización de estas prestaciones. Así, la comisión de Empleo celebrada ayer en el Congreso instó al Gobierno a derogar de manera inmediata el factor de sostenibilidad, otro mecanismo de ajuste que el Ejecutivo de Mariano Rajoy introdujo en la reforma de 2013 y mediante el cual la cuantía de las nuevas pensiones se vincula automáticamente a la esperanza de vida en ese momento. Supondrá, por tanto, una merma de las nuevas pensiones, que se rebajarán el próximo año una media de 75 euros anuales, según señalan algunos estudios, aunque no hay datos oficiales.

De esta forma, la satisfacción del Gobierno por el resultado del pleno monográfico celebrado el miércoles sobre las pensiones, en el que Rajoy vinculó un incremento de las prestaciones mínimas y de viudedad a la aprobación de los Presupuestos, chocó con la realidad de que ningún partido respalda al Ejecutivo para aplicar el factor de sostenibilidad, uno de los pilares de su reforma. De hecho, la mayoría de la Cámara consideró este criterio «injusto» y por eso pidió su derogación, así como la del nuevo índice de revalorización de las pensiones (IRP), y exigió que en el marco del Pacto de Toledo se debata una nueva fórmula para garantizar la sostenibilidad del sistema que asegure a su vez el poder adquisitivo de los pensionistas.

Y lo hizo mediante una proposición no de ley presentada por el diputado del PDeCAT Carles Campuzano y pactada con PSOE y Unidos Podemos, que ayer recibió también el apoyo de ERC. Ciudadanos, PNV y Foro Asturias se abstuvieron en la votación, mientras que el PP fue el único que votó en contra.

«Esto evidencia que hay una mayoría de la Cámara que quiere reformas que garanticen la suficiencia de las pensiones y hoy el mandato es muy claro: no permitir que entre en vigor el factor de sostenibilidad tal como está formulado», explicó Campuzano a la salida de la comisión. El diputado catalán criticó durante su intervención este mecanismo implantado por el PP porque supone un recorte indiscriminado que no tiene en cuenta que la esperanza de vida difiere entre sexo, clase social o sector laboral. Por eso, defendió en su intervención la creación de un nuevo factor de sostenibilidad que tenga en cuenta la esperanza de vida pero que no suponga una merma de la pensión, sino que se vincule, por ejemplo, a la edad legal de jubilación, tal y como se hace en otros países como Italia.

En esta misma línea, la diputada socialista Mercè Perea lanzó una amenaza al Gobierno: «Ni se les ocurra aplicar el factor de sostenibilidad a partir del 1 de enero». Pero no se conformó con pedir solo su derogación y exigió también al Ejecutivo aprobar un decreto ley que permita revalorizar las pensiones en 2018 según el IPC, lo que supondría una subida del 1,6% y no del 0,25%.

Elevar las de viudedad

Precisamente, ayer el Gobierno insistió en la idea avanzada por Rajoy en el debate del Congreso de elevar las pensiones más bajas, aunque siguieron sin concretar detalles y remitiéndose a los Presupuestos. Así, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría afirmó que habrá una «subida importante» en las pensiones de viudedad. En este sentido, la número dos del Ejecutivo explicó en una entrevista en Antena 3 que elevar estas prestaciones «es un compromiso adquirido hace tiempo y es el momento en que debe hacerse». Unas palabras que hacen referencia a la aprobación de un decreto que incrementa la base reguladora de las pensiones de viudedad (con la que se calcula la cuantía de la prestación) del 52% al 60%. Una medida que ya estaba contemplada en la reforma de 2011 y que acumula seis años de retraso.

En este mismo sentido se pronunció la ministra de Empleo, Fátima Báñez, al resaltar el compromiso de subir las pensiones y en 2018 «de manera particular y más, las pensiones más vulnerables del sistema».

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