Unos Presupuestos con guiños a pensionistas, funcionarios y rentas bajas

El ministro Cristóbal Montoro, ayer en el Congreso. :: efe
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El ministro Cristóbal Montoro, ayer en el Congreso. :: efe

Pese a estas medidas expansivas el gasto público se reduce al 40,5% del PIB, el menor desde 2007, para cumplir el déficit

DAVID VALERA MADRID.

Los Presupuestos de 2018 llegaron ayer al Congreso cargados de guiños a pensionistas, funcionarios y contribuyentes con rentas más bajas. Unas cuentas públicas que incluyen medidas de revalorización salarial, alzas de prestaciones y rebajas fiscales por valor de 3.800 millones con las que el Gobierno estima que se beneficiarán 13 millones de personas y con las que espera atraer los apoyos parlamentarios que hoy todavía le faltan. Eso sí, pese a ser unos Presupuestos más expansivos su objetivo sigue siendo cumplir con el objetivo de déficit pactado con Bruselas. Esto supone un ajuste de unos 10.000 millones en 2018 para rebajar el desfase del 3,1% de 2017 al 2,2% este año y salir así de la vigilancia exhaustiva de la Comisión Europea. Y el Ejecutivo espera hacerlo con la contención del gasto público en términos de PIB y unos ingresos récord que ya han despertado dudas.

Acompañado de toda la plana mayor del ministerio, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, desgranó durante más de dos horas y media las «bondades» de unos Presupuestos que el Gobierno presenta con más de seis meses de retraso respecto al calendario ordinario. Así, Montoro resaltó el aumento del gasto social hasta los 196.782 millones, un 2,8% más que el año anterior, pero por debajo del crecimiento nominal de la economía previsto del 4,3%. Estas partidas suponen el 56% del total del gasto, algo lógico si se tiene en cuenta que sólo las pensiones representan el 40,9% del gasto presupuestario (144.835 millones) y que este año se incrementan en 5.000 millones.

«El objetivo es propiciar el crecimiento económico y en especial que llegue a todas las capas de la sociedad», defendió el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal. La revisión al alza del crecimiento económico -la previsión se elevó del 2,3% al 2,7%- da margen al Gobierno para aumentar ciertas partidas que afectan a colectivos significativos como los pensionistas y los funcionarios con un importante peso electoral de cara a los comicios municipales y autonómicos de 2019. Así, las cuentas públicas incluyen una revalorización de las pensiones mínimas y de viudedad por encima del 025% y una reducción en la tributación de aquellas prestaciones inferiores a los 18.000 euros y cuyo impacto Hacienda estima en 1.000 millones.

El gasto social supone el 56% del total con un aumento de 5.000 millones en las pensionesLos ingresos alcanzan el 38,3% del PIB con una recaudación récord de 210.015 millones

Por otra parte, también recogen una subida del sueldo de los funcionarios del 1,75% y otros 600 millones del plan de equiparación salarial para policías y guardias civiles con las fuerzas de seguridad autonómicas. Sin embargo, el Gobierno mantiene que el incremento de estas partidas es «coherente» con la senda de consolidación fiscal. De hecho, las cuentas contemplan que el gasto público representa el 40,5% del PIB, lo que supone una reducción frente al 41% de 2017 y la cifra más baja desde 2007. También es muy inferior al 45,3% registrado en 2011 cuando Mariano Rajoy llegó a la Moncloa. Sin embargo, Montoro rechazó que ese descenso suponga un ajuste. «La política del PP no son los recortes, sino la moderación del gasto», señaló el titular de Hacienda. Hay que tener en cuenta que esta reducción está relacionada en parte por el menor peso de los intereses de la deuda pública (un 2% en 2018) y la disminución de las prestaciones por desempleo por la caída del paro. «El gasto aumenta pero no tanto como la actividad económica», explicó Montoro para justificar que las medidas como la subida de las pensiones más bajas o la rebaja del IRPF están por debajo del alza del PIB nominal.

Por su parte, los ingresos en 2018 alcanzarán el 38,3% del PIB frente al 37,9% de 2017. Es la cifra más elevada desde 2018 (38,5%). En este caso, el Gobierno confía en que la mejora de la economía se traslade a un incremento de la recaudación del 6% hasta lograr la cifra récord de 210.015 millones. En este apartado destaca la rebaja del IRPF para las rentas hasta 18.000 euros. Sin embargo, algunas instituciones como la CEOE o el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) ya han calificado de «optimistas» estos ingresos. Algo que Montoro rechazó ayer.

Deuda autonómica

Asimismo, otro de los puntos importantes es que las comunidades autónomas recibirán 4.000 millones más por la actualización del sistema de financiación y las corporaciones locales otros 248 millones. Además, en el marco de la reforma del nuevo modelo los Presupuestos autorizan al Gobierno para que «apruebe incentivos» que afecten a la deuda de las comunidades contraídas a través del FLA. Es decir, una reestructuración del pasivo en manos del Estado (166.000 millones en 2017) y que ya es el 57% de la deuda autonómica. Sin embargo, Montoro no detalló si consistirá en una rebaja de los intereses o un alargamiento de los vencimientos, aunque sí dejó claro que sólo podrán acogerse aquellas regiones que cumplan los objetivos de estabilidad.

Otra partida que crece de forma significativa son las inversiones, muy castigadas durante los peores años de la crisis. De hecho, los recursos en infraestructuras aumentan un 16,5%(803 millones) hasta los 5.676 millones. También se elevan un 8,3% las partidas para I+D+i hasta los 7.044 millones. El gasto en Educación sube un 3% y las becas crecen en 50 millones. En Sanidad los recursos se elevan un 3,9%, aunque el grueso del gasto en esta materia corresponde a las comunidades. También es significativo el alza en Defensa del 6,9%.

En cualquier caso, los Presupuestos no tienen garantizado el respaldo en el Congreso. Por eso Montoro no dudó en apelar a la «responsabilidad» de los grupos políticos para aprobar las cuentas públicas. Algo complicado ante la negativa del PNV a apoyarlos por la situación en Cataluña. Sin embargo, en caso de que los Presupuestos no salieran adelante el Gobierno todavía se guardaría un as en la manga al poder aprobar algunas medidas como la subida del sueldo de los funcionarios o la revalorización de las pensiones más bajas mediante decretos.

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