UGT pide penalizar las bajas temerarias en contratos

El sindicato quiere que la nueva regulación de las licitaciones públicas incluya asimismo cláusulas de estabilidad en empleo y salarios

J. A. BRAVO

madrid. Los desvíos presupuestarios en los contratos públicos cuestan una media de 47.500 millones de euros anuales al erario público. Hablamos de los sobrecostes que, con frecuencia, implica la construcción de una autovía o un hospital, el servicio de recogida de basuras de una ciudad, etc. Las autoridades de Competencia (CNMC) calculan que esa diferencia ronda el 25%.

Aprovechando la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Contratos Públicos -el Senado prevé aprobarla en octubre, aunque apenas se esperan ya enmiendas tras las introducidas en el Congreso-, UGT ha pedido que se penalicen las bajas temerarias en esas licitaciones. Hablamos de ofertas con costes inferiores a los del mercado, que luego suelen revelarse como «ineficientes económicamente» para la Administración.

El sindicato estima que ese tipo de propuestas bajistas, donde según las constructoras medianas los descuentos pueden llegar al 40% y resultan «difíciles de compaginar en términos de solvencia», terminan agravando la situación económico-laboral de las plantillas de las compañías contratistas. Por eso piden que se prohíban con la nueva ley en los casos de «temeridad», además de garantizar unas condiciones de trabajo «dignas».

Para ello UGT demanda que en los pliegos de las adjudicaciones se incluyan cláusulas de estabilidad, tanto en empleo como en salarios, a cumplir por las empresas ganadoras durante la duración del contrato. No obstante, también «exige» que los costes laborales puedan repercutir «sin límite» en la revisión de precios de las concesiones.

Además, solicitan concretar más la subrogación y la sucesión empresarial, en aras a la estabilidad en el empleo del servicio a licitar.

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