El periodo medio de pago del Estado se duplica tras un cambio metodológico

D. VALERA MADRID

. ¿Cuánto tarda en pagar la administración pública a los proveedores? La respuesta a esta pregunta ha enfrentado al Gobierno con los autónomos y las pymes desde que en 2014 se aprobó la ley contra la morosidad. La discrepancia estaba en la forma de computar el periodo máximo de 30 días para abonar las facturas por parte de los organismos públicos. La fórmula escogida por el Ejecutivo beneficiaba a la administración al empezar a contar sólo a partir de que se excediese ese límite de un mes y no desde el momento de emitir la factura. Algo que asociaciones como la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) denunciaron ante la Comisión Europea por considerar que suponía una «distorsión» en los datos que ocultaba el plazo real de pago. Tras la petición de Bruselas, el Consejo de Ministros aprobó una nueva metodología que concuerda con los criterios de la UE.

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