La patronal turística exige a la Administración igualdad de reglas tras la sentencia sobre Uber

Una turista con su maleta antes de acceder a un piso turístico en el centro de Barcelona. :: I. baucells/
Una turista con su maleta antes de acceder a un piso turístico en el centro de Barcelona. :: I. baucells

El Gobierno, dispuesto a potenciar la coordinación de CC AA y municipios mientras Hacienda creará un censo de pisos que se utilicen con esos fines

J. A. BRAVO MADRID.

«La sentencia europea sobre Uber marcará un antes y un después; no veremos cambios pasado mañana pero no tardarán en llegar». Esta fue la conclusión unánime que se escuchó ayer en el sector turístico, básico para una economía española a la que aporta más del 11% del PIB -por encima de 120.000 millones de euros anuales-, al valorar qué efectos tendría la resolución del Tribunal de Justicia de la UE que obliga a esa plataforma a cumplir con las reglas del sector en el que opera.

En su caso es el transporte, aunque las compañías turísticas se han apresurado a reclamar que en su ámbito se aplique la misma doctrina fijada por la curia comunitaria. Y Exceltur, asociación que agrupa a 23 de las empresas del sector, ya ha reclamado en las últimas horas que las Administraciones Públicas en España tomen nota de lo ocurrido.

Aquí las competencias están sobre todo en manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, lo que explica la disparidad de criterios desde hace años, aunque el Gobierno puede tratar de coordinarlas -en una reciente respuesta parlamentaria, admite que la heterogeneidad de esas legislaciones territoriales «puede generar conflictos e incertidumbre»-. Es lo que reclaman en Exceltur y a lo que, según fuentes empresariales, se habría comprometido ya el ministerio del ramo que dirige Alberto Nadal.

El objetivo, apunta el vicepresidente ejecutivo de la citada alianza turística, José Luis Zoreda, «es acabar con la ley de la selva, la impunidad y el desafío a la legalidad vigente» en que están inmersas algunas plataformas digitales que compiten -a su juicio, «deslealmente»- con las empresas del sector, fundamentalmente las de alojamientos. Cita los casos de Airbnb y HomeAway, de las que afirma que «no son meros tablones de anuncios sino un operador más en ese negocio».

El sector pide uniformidad

Aparte de esperar, «al menos, cierta uniformidad» en las regulaciones territoriales sobre esas empresas de internet, Zoreda apunta a lo que pueda ocurrir en los tribunales con los casos ya abiertos -el fallo de la Corte de Luxemburgo sobre Uber fue promovido, como cuestión previa, por un juzgado mercantil de Barcelona-, tanto en Cataluña como en Baleares y Comunidad Valenciana. La mayoría son precisamente recursos de esas plataformas contra sanciones de las administraciones.

Es el caso, por ejemplo, de HomeAway, multada por la Generalitat valenciana con 30.000 euros por no controlar que sus usuarios cumplan con el registro oficial que identificaría sus viviendas como oferta turística en alquiler. La sanción ha sido confirmada por un juzgado de lo contencioso de Valencia, que rechaza el argumento de dicha empresa digital respecto a ser «un mero intermediario técnico». Admite esa intervención el juez pero señala que es en una actividad económica, lo que implica que sería un agente más.

El Ministerio de Hacienda puede ser el primero en tomar acciones concretas frente a Airbnb y sus homólogas. Aunque el decreto se aprobará en las próximas semanas, la Agencia Tributaria ya incluye en su plan de novedades informativas para los contribuyentes las obligaciones (de cara a un censo) sobre la cesión de vivienda con fines turísticos. A partir de julio de 2018, toda persona o entidad que intermedie «entre cedentes y cesionarios» -«en particular» las plataformas colaborativas- deberá identificar al titular del inmueble (o quien lo alquile si es distinto), su referencia catastral, los días de disfrute y el importe percibido. «Quedan excluidos» los alojamientos turísticos, que tienen su propia norma, y las viviendas 'permanentes'.

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