LA OPACIDAD DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL

La deuda nacional es el 139% del PIB y no el 99% porque se camufla la de las entidades públicas

La crisis económica ha acarreado un incremento significativo de la Deuda Pública: 60 puntos de PIB en los últimos diez años, situándose en el 99,8% y superando este porcentaje con holgura en varios trimestres. Mientras las familias y empresas se apretaban el cinturón, el Estado ha seguido gastando mucho más de lo ingresado.

La lectura de pasivos de las Administraciones Públicas (Estado Central, comunidades autónomas y Corporaciones Locales) no contabiliza toda la Deuda del Estado. El dato "oficial" deja fuera del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) una serie de pasivos públicos, que, así, no computan a ojos de la Comisión Europea.

El Banco de España hace alusión a unos "pasivos totales en circulación" que se acercan bastante a la Deuda Pública real y que, en su último dato de cierre del segundo trimestre de 2017, asciende al 138,8% del PIB. Es decir, fuera del PDE hay casi 40 puntos de PIB de deuda (la mayor parte, de la Administración Central) que nosotros, nuestros hijos, nietos y ¿bisnietos? tendremos que afrontar en los próximos lustros.

Y, sin embargo, esta deuda no sale a relucir en el debate público. Un buen exponente es la que proviene de la maraña de entidades públicas controladas por las CCAA, que escapan muchas veces del control de una auditoría contable externa y de la disciplina presupuestaria. De éstas, según el Inventario de Entes Públicos del Ministerio de Hacienda, aproximadamente el 30% son fundaciones; el 25%, empresas públicas; y otro 25%, consorcios. Bajo estas denominaciones se encuentran las universidades públicas, las empresas de aguas o las radios y televisiones autonómicas, entre otros.

Para remediarlo, el Gobierno Central puso en marcha una estrategia de adelgazamiento del sector público empresarial dependiente de CCAA, Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales. Tanto esta iniciativa como la de los Gobiernos regionales han hecho que, desde 2013, estos entes públicos se hayan reducido en 347, hasta los 1.972, con la consiguiente disminución de su deuda en 2.548 millones, situándose a 1 de enero de 2017 en 4.310 millones.

A pesar de los esfuerzos que a día de hoy se siguen realizando, a cada español le corresponde pagar 92,6 euros por este concepto. La Comunidad de Madrid (282,37 euros), Cataluña (267,14 euros) y Cantabria (78,89 euros) son las regiones con mayor deuda por habitante, concentrando las dos primeras el 90% de la deuda total, mientras que Castilla-La Mancha y Murcia no deben nada. Esta última ha pasado de 500.000 euros a cero en cuatro años; y la región manchega canceló la deuda de 689 millones en apenas tres años, antes del cambio de Gobierno regional.

Casos como el de Castilla y León (4,08%) son preocupantes, dado que es donde más ha crecido la deuda desde 2013, un 55%. Es patente, por tanto, la necesidad de acometer un mayor esfuerzo para, por un lado, eliminar la opacidad que pesa sobre los entes públicos y, por otro, sanear sus finanzas, devolviendo al mercado las actividades que los privados pueden hacer mejor que los públicos. Ante un previsible aumento de los intereses de nuestra Deuda, ¿seremos solventes?

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