Obligar por ley a clarificar la letra pequeña contractual

El PSOE promueve una norma en el Congreso que fuerce a todo tipo de empresas a ser más transparentes y finiquite las cláusulas abusivas

L. PALACIOS

Madrid. Para acabar con las malas prácticas contractuales y las condiciones casi ininteligible, el PSOE registró ayer en el Congreso una proposición que impulsa la transparencia en la contratación predispuesta, con el objetivo de «proteger a los consumidores frente a las cláusulas abusivas que en ocasiones se esconde tras la denominada 'letra pequeña' de los contratos». El objetivo es proteger por ley a todo el mundo, desde los empresarios hasta un ciudadano cualquiera que tiene que pagar una factura de la luz o un seguro de vida, y no tener que actuar a posteriori a golpe de sentencia.

Así, las cláusulas que no sean transparentes deberán ser eliminadas y declaradas nulas de pleno derecho. Es más, de lograr que el Parlamento respalde su iniciativa, sería obligatorio no solo poner por escrito todos los riesgos en el contrato sino explicarlos antes de la firma, de forma que «el cliente minorista pueda comprender no solo su significado general, sino también el alcance jurídico y económico de los compromisos que asume».

«Pretendemos que no solo haya una descripción formal, sino que tiene quedar claro que asumes la calidad material, es decir, que han de explicarte los riesgos de lo que estás contratando», explica Andrés Perelló, secretario de Justicia y Nuevos Derechos del PSOE.

Otra novedad es que ya no sería necesario demostrar la carga o el perjuicio económico como ahora, sino que el juez lo podrá perseguir de oficio. Asimismo, esta ley insta a los notarios y registradores a que no registren aquellas operaciones en las que no se incorpore de forma activa la transparencia y en las que detecten cláusulas abusivas.

Para llevarlo a cabo hay que modificar cuatro normas: la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (del año 2007), la Ley de Condiciones Generales de la Contratación (1998), la Ley de Contrato de Seguro (1980) y la Ley del Mercado de Valores (2015).

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