La nueva ley hipotecaria se atasca bajo la sombra de otra multa de la UE

Una protesta de afectados por cláusulas suelo a las puertas de los juzgados de Primera Instancia de Bilbao. :: r. c./
Una protesta de afectados por cláusulas suelo a las puertas de los juzgados de Primera Instancia de Bilbao. :: r. c.

El proyecto lleva siete meses en el Congreso y no se espera que retome el debate de las 237 enmiendas presentadas hasta este otoño

J. A. BRAVO MADRID.

La nueva legislación hipotecaria que, en teoría, iba a acabar con los abusos hipotecarios desde la banca se ha atascado precisamente en el lugar que debería tener más interés en dar cuanto antes una solución a una problemática que ha provocado más de un millón y medio de reclamaciones. El Congreso de los Diputados lleva más de siete meses tramitándola y, ya en pleno verano, lo probable es que no lo resuelva hasta bien entrado otoño.

Las consecuencias negativas no son solo para los consumidores, también para las arcas públicas. Y es que el Estado se arriesga a una nueva multa de la Comisión Europea por dilación excesiva en la adaptación de sus directivas. En marzo de 2016 expiró el plazo para transponer la normativa comunitaria de contratos de crédito hipotecario. Pero 27 meses después se sigue sin ver claro cuándo se logrará completar el cambio.

Al cumplirse el primer año de retraso, desde Bruselas advirtieron al Gobierno que le denunciarían ante el Tribunal de Justicia de la UE. En noviembre cumplieron su amenaza y pidieron que se multara a España con 105.991 euros diarios. Si la curia europea da la razón a la Comisión, la sanción se aplicaría desde el día después de la sentencia hasta que el país adapte la directiva.

España ha sido el socio de la Unión más sancionado el último lustro por no cumplir a tiempo los mandatos de Bruselas, con casi 54 millones de euros. La última vez fue por retrasarse en la reforma de la estiba en los puertos -el castigo se redujo al final de 24 a tres millones- y este 2018 ya acumula tres denuncias ante la justicia europea: los planes hidrológicos de Canarias, la directiva sobre las cuentas de pago -aquí la multa sería de 49.000 euros al día- y la gestión de residuos. Y a punto de seguir ese camino está la regulación sobre mercados de instrumentos financieros, la llamada Mifid II.

Pero ¿por qué se ha enquistado la reforma hipotecaria en España? Pues, de inicio, porque el anterior Ejecutivo tampoco fue diligente al aprobar su proyecto -lo hizo el 3 de noviembre pasado-, según sus críticos porque primero quiso ir más allá de la directiva europea y después intentó consensuar unos cambios donde difícilmente se iban a poner de acuerdo la banca y las asociaciones de consumidores. Luego el problema se dio en el Congreso, que tampoco ha tenido prisa en su tramitación. El 18 de febrero pasó su primer examen, al rechazar el veto de Podemos , y a continuación comenzó el tramité de enmiendas.

Ahí llevan cuatro meses y medio sin un consenso. El 23 de marzo se registraron un total de 237 peticiones de cambios parciales, que afectaban incluso a la exposición de motivos, esto es, a la introducción donde se explican los motivos de la reforma. Unidos Podemos pedía hasta cinco modificaciones, pero hasta el PP -autor del texto- presentó una.

Los puntos más polémicos

Casi una cuarta parte de las enmiendas se concentran en tres puntos del proyecto. Y 42 afectan a los dos artículos (12 y 13) que hablan sobre las normas de transparencia en la comercialización de este tipo de préstamos y el papel del notario. Él debe verificar que las condiciones del contrato se ajustan a la legalidad y resolver las dudas que genere.

En realidad, esa labor ya le venía correspondiendo en buena medida. La diferencia es que luego no se le consideraba responsable si había abusos o posibles irregularidades, y ahora sí. Los notarios se han quejado de esas mayores exigencias y el PSOE ha pedido que se retiren, al ir más allá de lo que manda la UE.

El otro artículo que más polémica está generando, a la vista de la cifra de enmiendas (13), es el número 15, que trata sobre la práctica de ventas vinculadas y combinadas. El texto establece que el banco no podrá obligar al cliente a contratar productos adicionales si no conllevan un beneficio para él, como la reducción de intereses. Ciudadanos, ERC y PNV piden que esas pólizas tengan «carácter anual renovable» en vez de una duración mínima como hasta ahora (diez años incluso), y los nacionalistas vascos reclaman también que solo sea obligatorio incluir en el préstamo el seguro de incendio.

También es controvertida la cláusula de vencimiento anticipado. La banca puede hacer uso de ella a partir de tres impagos de letras e iniciar el proceso de desahucio, pero la reforma fija ese importe en al menos el 2% en la primera mitad del crédito y el doble en la segunda, aunque Ciudadanos solicita llegar al 5% y el 10% y el PSOE estaría conforme.

Respecto a la comisión al cliente por amortizar el crédito antes de plazo, la cuantía se reduce e incluso no habría para las hipotecas variables a partir del quinto año. Ciudadanos pide eliminar el cargo por completo.

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