La nueva ley hipotecaria acumulará dos años de retraso frente a las exigencias de la UE

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ayer tras el Consejo de Ministros. :: efe/
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ayer tras el Consejo de Ministros. :: efe

El trámite parlamentario se prolongará durante el primer semestre de 2018 bajo el yugo de la sanción europea a España por no agilizar su implantación

JOSÉ M. CAMARERO MADRID.

Las familias con una hipoteca a cuestas, y aquellos ciudadanos que se vayan a embarcar en una aventura inmobiliaria a corto plazo, seguirán sin poder beneficiarse de las novedades que incluye la reforma de la Ley Hipotecaria, hasta que no se encuentre bien avanzado el primer semestre de 2018. A pesar de los conflictos acumulados por la comercialización de las hipotecas -la aplicación de las cláusulas suelo y el reparto de los gastos iniciales constituyen algunos de los puntos negros de la actual norma-, no fue hasta ayer cuando el consejo de ministros aprobó el proyecto de ley que ahora remite a las Cortes y que espera dar por finalizado en la primera mitad de 2018, según fuentes del Ministerio de Economía.

Si así sucede, entrará en vigor prácticamente dos años después de cuando debería haberlo hecho, en marzo de 2016. Así lo exigía la Unión Europea, que ya ofreció una primera prórroga a España por no haber adaptado antes de esa fecha la directiva comunitaria en materia hipotecaria, en vigor desde 2014. A partir de ahora, el tiempo corre en contra del Gobierno, porque si el trámite parlamentario se prolonga demasiado, existe el riesgo de que el Tribunal de Luxemburgo (TJUE) dicte una sentencia en su contra. Lo puede hacer en cualquier momento, después de que el pasado mes de abril, la Comisión Europea llevara a España y otros tres Estados -Portugal, Chipre y Croacia- ante ese organismo por no haber incorporado a su legislación la norma europea.

Economía confía en que la aprobación en las Cortes -cuenta con el apoyo de Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria, además del PP- llegue antes que la resolución del Tribunal de Luxemburgo, pero admite «retrasos» en su gestión interna. Así fue durante 2016 por la interinidad del Ejecutivo, explican esas fuentes. Sin embargo, no ha sido hasta julio -ocho meses después del inicio de la legislatura actual- cuando se ha aprobado el anteproyecto, que contó con el beneplácito del Consejo de Estado y que ha estado guardado en el cajón los dos últimos meses.

En un principio, se preveía que fuera en septiembre cuando el consejo de ministros lo aprobara, aunque la crisis en Cataluña habría postergado esta decisión. En un caso similar, el de la estiba, España se enfrentó a una sanción de 24,3 millones de euros, que acabó siendo simbólica, al situarse en los tres millones, tras aprobar la correspondiente normativa adaptada a la ley europea.

Cuando llegue al BOE, los ciudadanos podrán valerse de algunas de las medidas incluidas en el texto. Sin embargo, la implantación no se extenderá de forma generalizada a todo el sistema. Cualquier hipotecado a tipo variable podrá cambiar su interés al fijo de forma gratuita siempre que el préstamo tenga más de tres años. Si no es así, el importe máximo de las comisiones a pagar no podrá superar el 0,25% del capital. También tendrá carácter retroactivo la nueva cláusula de vencimiento anticipado, por la que las entidades pueden llegar a ejecutar la vivienda si se producen impagos de las cuotas. Hasta ahora, el banco podía actuar si registraba tres meses impagados; con la nueva ley, solo podrá hacerlo si el capital moroso supera el 2% del que fue concedido inicialmente -o nueve cuotas-, si es durante la primera mitad de la vida de la hipoteca; o si superan el 4% del capital -12 cuotas-, en la segunda parte de la vida del crédito. Sin embargo, esta novedad no se aplicará si se trata de una hipoteca que se encuentra ya en proceso de impago, o en la vía judicial.

Solo para futuros contratos

Por su parte, sólo las nuevas hipotecas podrán beneficiar de la norma que restringe las comisiones por amortización anticipada -entre un 0,25% y un 4%, dependiendo si es a interés fijo o variable y el plazo- y la de interés de demora, que se fijará en tres veces el interés legal.

El proyecto de ley mantiene la obligación de acudir dos veces al notario para aceptar las condiciones; la de aclarar qué gasto asume cada una de las partes; la de habilitar una lista de cláusulas abusivas, para alertar al usuario; y se impone la prohibición de ligar a la hipoteca la contratación de productos bancarios de forma vinculada sin ofrecer otra opción para comparar ambas ofertas.

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