Narcís Serra, imputado por el agujero de 720 millones de euros en Catalunya Caixa

El expresidente de la caja y antiguo vicepresidente del Gobierno declarará el 20 de febrero como investigado en la Audiencia Nacional

MATEO BALÍN MADRID.

El expresidente de Catalunya Caixa (CX) Narcís Serra ha sido citado como investigado el próximo 20 de febrero por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. El magistrado admitió en marzo pasado una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por las «notables irregularidades» en la gestión de la caja contra Serra, exvicepresidente del Gobierno socialista, y otros 14 ex altos cargos por un 'agujero' de 720 millones de euros en operaciones inmobiliarias realizadas entre los años 2000 y 2007.

Todos ellos declararán entre el 20 y 24 de febrero, incluido el ex director general de la caja Adolf Todó, José María Loza, Lluis Gasull, Eduardo Aznar, Joan Valls, Joan Güel, Antoni Llarden, Joan Manuel Pla, Josep Alonso Roca, Joan Echaniz, Josep Molins, Montserrat Robusté, Francisco José Villegas y Josep Maria Alentorn. Anticorrupción defendió que la caja catalana realizó en este periodo «una intensiva y creciente actividad inversora inmobiliaria» que fundó principalmente en proyecciones y expectativas de negocio de futuro incierto y no respaldadas por el necesario análisis de solvencia. Por este motivo, el juez Moreno admitió la denuncia e imputó a los señalados un delito continuado de administración desleal por unas irregularidades que detectó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y el texto constata que en ese periodo la caja ejecutó las inversiones, a través de una filial, en España, Polonia y Portugal.

«En la mayoría de casos analizados el aval y fiabilidad que desde la entidad se otorgó a las proyecciones efectuadas por la filial inmobiliaria y a las manifestaciones de los socios inmobiliarios copartícipes de las inversiones supuso acometer las inversiones confiando en la palabra del socio, sin previos informes externos independientes al proyecto y sin realizar análisis exhaustivos de aspectos tales como la solvencia y capacidad de los asociados», destaca la denuncia.

«Total falta de preparación»

La Fiscalía asumió la denuncia presentada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), nacionalizada en 2011, y que considera que esta actuación le provocó un perjuicio que ha calculado teniendo en cuenta el precio de adquisición de los terrenos y su posterior adjudicación a la SAREB -la entidad que se quedó con parte del ladrillo tóxico de la banca-. La caja, a través de sus órganos de gobierno, acordó intervenir en estas promociones mediante sociedades participadas en las que se reservaban la mayoría del capital. Mediante este sistema llegaron a adquirir terrenos no urbanizables o incluso calificados como de especial interés. En la mayoría de los contratos no se establecieron cláusulas suspensivas o resolutorias del pago del precio condicionadas a la efectiva realización de los proyectos.

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