La justicia europea permite incluir a las embarazadas en un despido colectivo

J. A. BRAVO MADRID.

Adiós a uno de los tabús en materia laboral que existían en la Europa comunitaria. Las embarazadas pueden ser incluidas en un procedimiento de despido colectivo con independencia de su estado. Y eso pese a que la Directiva 89/391 de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de las personas en su puesto de trabajo, lo prohíbe de forma expresa. Así lo declaró ayer el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) en una sentencia que viene a resolver las dudas en un pleito que mantiene una exempleada de Bankia contra la entidad financiera. Esta extinguió su contrato de manera unilateral en noviembre de 2013 dentro del primer gran expediente de regulación de empleo puesto en marcha por el banco, ante sus cuantiosas pérdidas de entonces.

La afectada recurrió esa decisión ante los tribunales, pero un juzgado de lo social de Mataró (Barcelona) confirmó su salida forzosa en febrero de 2015.

El caso pasó luego al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que consultó a la curia comunitaria para determinar si la normativa española transpone «correctamente» dicha directiva en lo que afecta a las embarazadas. En general, los magistrados resuelven que, al menos, no choca con ella, aunque también sugieren que España no es precisamente de los países más avanzados en esta materia.

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