El juez que investiga a Rato urge a Hacienda a concretar sus delitos fiscales

Rodrigo Rato. /Yuri Gripas (Reuters)
Rodrigo Rato. / Yuri Gripas (Reuters)

La instrucción se alarga ya tres años y en el último informe de la Agencia, de febrero de 2017, se hablaba de un fraude de 6,8 millones

José Antonio Bravo
JOSÉ ANTONIO BRAVOMadrid

Tres años de investigación son ya demasiados para el magistrado que trata de esclarecer el presunto enriquecimiento ilícito de Rodrigo Rato. Por eso el titular del Juzgado de Instrucción 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha requerido a la Agencia Tributaria para que «con la máxima urgencia» presente su informe final sobre el fraude fiscal que atribuye al que fuera ministro de Economía, luego director gerente del FMI y finalmente presidente de Bankia.

Según una providencia notificada a mediados de mes, el juez quiere que determine «de forma exacta» las cuotas que habría dejado de abonar y los ejercicios, como colofón a los once dictámenes que ya ha presentado en el caso. En el último, de febrero de 2017, Hacienda apuntaba que habría defraudado 6,8 millones de euros entre 2004 y 2015 gracias al entramado societario que controla, ocultando gracias al mismo más de 14 millones en rentas no declaradas.

Ahora bien, si se excluyen por motivos de prescripción los ejercicios anteriores a 2009, el fraude que señala la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) se quedaría al final en 5,4 millones. Hacienda señalaba ganancias patrimoniales «no justificadas derivadas del tráfico de dinero con el extranjero y no declarado», además de otros beneficios «sin previa transmisión de rentas, rendimientos como conferenciante y gastos no deducibles».

Se siente «discriminado»

En su última declaración en el juzgado -la quinta a lo largo de la instrucción-, Rato defendió como «plenamente lícito» haber cobrado las conferencias que dio entre 2007 y 2014 -una vez que dejó el FMI y ya como ejecutivo financiero, tanto en Caja Madrid como en Bankia- a través de una sociedad instrumental que compartía con su exposa. Asimismo, y tras negar que hubiera cometido algún delito mediante tráfico de divisas, dijo sentirse «discriminado» porque a «otras personas con biografías y responsabilidades similares o superiores» no se les tratara igual en situaciones similares para resolver sus casos en la vía administrativa en vez de la penal.

El juez, al igual que la Fiscalía Anticorrupción, consideran que a la vista de esas declaraciones del expolítico resulta tanto «pertinente» como «de utilidad» que Hacienda aclare esa situación tributaria y actualice sus conclusiones. Además, el instructor del caso hace hincapié en que «la duración» de este procedimiento se remonta a 2015, dando a entender conforme a los límites de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que su conclusión debería estar ya cerca, aunque sin anticipar su resultado.

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