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J. A. BRAVO
Martes, 31 de octubre 2017, 00:43
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madrid. La madeja derivada de la polémica intervención de Banco Popular el pasado 7 de junio, y su traspaso inmediato al Santander por el precio simbólico de un euro, sigue soltando hilos. Y el último puede incluso terminar de enredarlo todo.
El titular del Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid tramita ya la petición del bufete Corbalán de Celis & Guerri en nombre de un accionista particular. Piden la declaración necesaria de concurso de acreedores para el Popular, esto es, forzada por su situación económico-financiera y con independencia de lo que puedan estimar sus administradores, a los que se pide remover.
Estos abogados parten precisamente de los argumentos dados por la Junta Única de Resolución (JUR), dependiente de Bruselas, y el FROB para retirar a los gestores anteriores del banco y venderlo a un tercero.
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