Los jueces ven riesgo de inseguridad jurídica en la ley de secretos de empresa

El CGPJ no cree necesaria una nueva norma distinta a las vigentes y coincide con Competencia en criticar la «imprecisión» de lo que se va a proteger

J. A. BRAVO

madrid. La Unión Europea quiere dotar a sus empresas de más y mejores instrumentos para protegerse ante la revelación de secretos empresariales, aunque sobre todo busca que en sus 28 Estados miembros existan las mismas reglas de juego. Por eso en junio de 2016 aprobó una nueva directiva que debería ser adoptada por todos antes del 9 de junio.

Pero España, una vez más, irá con retraso. El Consejo de Ministros aprobó el viernes el proyecto de Ley de Secretos Empresariales, con el que viene a transponer esa Directiva 2016/1943. Llegará la semana próxima al Congreso y, dados los plazos normales de tramitación parlamentaria -incluido el paso posterior al Senado-, tardará más de un mes y medio en ver la luz. Y eso en el mejor de los supuestos.

MERMA DE INGRESOS

Porque otro escenario posible, incluso previsible a la vista del confuso escenario político -entre moción de censura y posible adelanto electoral- es que termine decayendo si hay que ir a las urnas este año. Eso obligaría a dejarlo para la legislatura siguiente y, como ya pasó con la reforma de la estiba, probablemente acarrearía la imposición de una multa preventiva desde Bruselas.

Sea como fuere, todo se podría haber resuelto de una forma más rápida y simple. Al menos, así lo piensan los responsables de la judicatura, quienes creen que hubiera sido suficiente con adaptar a la nueva normativa comunitaria las leyes que en la actualidad ya se aplican a los casos de secretos empresariales, fundamentalmente las de competencia desleal y enjuiciamiento civil. Y, en parte, la Ley de Patentes.

El informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señala en un principio «un cierto solapamiento normativo». Y tras analizar los pros y contras que conlleva «una mayor dispersión» reguladora sobre esos secretos, advierte de que puede «introducir un importante grado de inseguridad jurídica» ante la «eventual coexistencia de dos regímenes diferentes de protección».

Esto es, teme que ante distintas normas aplicables a un mismo caso se terminen produciendo resoluciones bastante diferentes, e incluso una disparidad de sentencias que al final obliguen al Tribunal Supremo a sentar jurisprudencia como ya ha ocurrido en otros casos. Por ejemplo, en las cláusulas abusivas de los contratos hipotecarios. El problema añadido es que para ello tendrían que pasar todavía varios años.

Salvando ese claro aviso a navegantes, el Poder Judicial respalda en líneas generales el proyecto del Gobierno que, en lo esencial, viene a homologar la regulación española con la europea. Sin embargo, observaba algunas deficiencias en el anteproyecto original que persisten en el texto remitido a las Cortes.

Una de las principales es la «imprecisión» en la definición de secreto empresarial -critica compartida en lo esencial por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que a su vez pide «confidencialidad» para los denunciantes-, pues se mantiene «la incógnita» respecto a «dónde se encuentra el límite del conocimiento tolerable para determinar» ese carácter reservado y exclusivo a proteger». El proyecto de ley habla de «cualquier información, relativa a cualquier ámbito de la empresa (incluido el tecnológico, industrial, comercial, organizativo o financiero)» que reúna estas condiciones: ser «secreta» en el sentido de que «no es generalmente conocida por las personas de los círculos en que normalmente se utiliza, ni fácilmente accesible para ellos», tiene un «valor empresarial» precisamente por ser algo oculto y ha sido «objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerla en secreto».

Y es a partir de todo ello cuando se abre el abanico de la subjetividad, apuntan desde el CGPJ. Por eso, recomendaban -pero el Ejecutivo no les ha hecho caso- que el criterio para determinar si había un «conocimiento general» sobre la información en cuestión girará «en torno a la existencia de un interés legítimo por mantenerla confidencial y una expectativa legítima de que se preserve» la misma.

Demanda mayor objetividad

En el mismo sentido, estima que la «facilidad o no del acceso» a esa información debería «concretarse con criterios objetivos» y, de nuevo, referirse a los competidores. Y sobre el «valor empresarial» considera que habría de irse más allá, atendiendo a si realmente se puede producir por su revelación una «ventaja competitiva, real y objetiva», ya sea «actual o potencial», para quienes la obtengan, usen o revelen. Porque los jueces querían que el Ejecutivo -ahora le toca al legislador valorar si sigue sus recomendaciones- «ofreciera pautas normativas para identificar lo más objetivamente posible la información y los conocimientos técnicos» que integran el secreto empresarial. Sobre todo frente a los «conocimientos, experiencias y competencias del trabajador», a fin de no «afectar a su desarrollo profesional».

También echan en falta que haya dudas sobre si «el acceso fortuito o casual» a esa información secreta estaría prohibido también, o se requeriría «un elemento intencional». Y lo mismo dicen respecto a la falta de concreción para fijar las indemnizaciones posibles por revelarla.

Porque el secreto empresarial no solo afecta a productos o licencias tangibles, también al llamado 'know how' o la información de negocio. Según la fundación tecnológica Cotec, la inversión en tangibles en las compañías españolas ha caído un 24% en los últimos cuatro años mientras ha subido un 18% en intangibles. Y de estos últimos, la contabilidad nacional solo recoge un 40% de los que genera la economía. Si se sumará el 60% restante, el PIB crecería a un ritmo anual del 3,5%, con más de 37.000 millones de euros.

puede llegar a reducirse el volumen de negocio de una compañía en algunos sectores, por ejemplo el químico -que depende mucho de la I+D+i-, a causa de la revelación de secretos empresariales.

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