Dos inspectores buscarán delitos en la gestión del Popular antes de su rescate

El supervisor designa a los peritos para evaluar la ampliación de capital o la reexpresión de las cuentas para la causa de la Audiencia Nacional

J. M. CAMARERO

madrid. La investigación que está llevando a cabo el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, en torno a las circunstancias que rodearon la crisis y posterior rescate del Banco Popular, ahora en manos del Santander, cuenta ya con dos expertos del Banco de España que se encargarán de diseccionar cada una de las decisiones que tomaron las dos cúpulas comandadas tanto por Ángel Ron -hasta el mes de febrero- como Emilio Saracho.

El supervisor ha remitido un escrito al juez para comunicarle la designación de dos peritos -Santiago Jesús Ruiz-Clavijo Ruiz y Pablo Hernández Romeo- que se encargarán de analizar la información financiera del Popular, para averiguar si los antiguos gestores del banco incurrieron en algún tipo delictivo.

Este nombramiento se realiza en el marco de las diligencias previas que está llevando a cabo el juez Andreu tras admitir en octubre varias querellas contra la antigua cúpula del Popular. Se trata del primer paso para poner en marcha una macrocausa similar a la del caso Bankia -instruido por el mismo magistrado- por la que tanto Ron como Saracho serán llamados a declarar como investigados en la fase de instrucción.

Los dos peritos tendrán que realizar un informe sobre el folleto y la documentación oficial relacionada con la ampliación de capital que la entidad ejecutó a mediados de 2016 por un valor de 2.500 millones de euros. Muchos pequeños accionistas -al tiempo que clientes- acudieron a esa operación impulsados por la confianza que les otorgaba el banco, así como por una política de comercialización desarrollada desde las oficinas para culminar con éxito la ampliación. Además, tendrán que analizar las cuentas anuales correspondientes al pasado año y la reexpresión de esos documentos que el banco realizó en abril. Entonces, el auditor alertó sobre determinadas «insuficiencias» en las provisiones constituidas en algunas partidas, un hecho que afectaba al patrimonio neto por un importe de 123 millones de euros. Además, tendrán que estudiar los precios de venta de determinadas empresas participadas por el grupo realizadas entre 2016 y 2017.

En estas pesquisas iniciales en las que ahora trabaja, el juez Andreu también ha solicitado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) el informe de la Junta Única de Resolución (JUR) sobre el Popular, que no ha visto la luz, en el que se determinaban las causas de su resolución final.

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