La UE indulta a España con una multa simbólica pese a su retraso en la estiba

El Tribunal de Justicia tacha de «grave» que el Gobierno ignorase a Bruselas aunque reduce a sólo 3 millones la potencial multa de 24

ADOLFO LORENTE BRUSELAS.

Punto y final al culebrón de la estiba. Hubo multa, como siempre se dijo, lo que nadie esperaba, nadie, es que el importe final fuese de sólo 3 millones cuando la amenaza rondaba los 24,3. El suspiro de alivio retronó en los despachos del Gobierno. No sólo eso. Incluso se empleó un tono de relativa victoria pese al varapalo político que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dio a España por su «grave» proceder en este procedimiento. Eso sí, argumenta que al final reculó y actuó de «buena fe». La batalla del relato era económica y en este sentido, esos 3 millones de sanción son un mal menor más que asumible. Crisis superada. El duende de Mariano Rajoy en Bruselas sigue en plena forma.

Porque si ayer hubo multa fue porque el anterior Gobierno del PP con mayoría absoluta decidió no meterse en el complejo jardín de la estiba en 2015, año electoral. El asunto viene de lejos. El 11 de diciembre de 2014 el propio TJUE dio la razón a la Comisión y sentenció que el sistema de monopolio que existía en España no se ajustaba a la normativa comunitaria. ¿Qué se hizo desde entonces? Pues aparentemente nada.

Bruselas no se dio por vencida y a mediados de 2016 volvió a la carga presentando ante el Tribunal de Luxemburgo un recurso en el que proponía dos multas: una, a «tanto alzado», que consistía en una multa diaria de 27.552 euros que comenzaría a correr desde el fallo del 11 de diciembre de 2014 hasta que España rectificase. Y otra, «coercitiva», de 134.107 euros diarios que empezaría a correr desde el fallo de ayer si España seguía sin hacer nada. Esta segunda propuesta de sanción quedó en nada tras la aprobación del real decreto en el Congreso.

Así lo informó la propia Comisión a los magistrados, manteniendo eso sí su primera propuesta de multa. En total, 882 días, que multiplicados por 27.552 euros, hubiese supuesto una factura de 24,3 millones. El fallo es concluyente. «El incumplimiento que se le imputa persistió durante un período de tiempo significativo, puesto que transcurrieron 29 meses desde que se dictó la sentencia (...) El incumplimiento debe considerarse grave, puesto que afecta a la libertad de establecimiento, que constituye uno de los principios fundamentales del mercado interior». El varapalo es innegable. ¿Por qué se ha salvado España? Primero, porque admitió su error y reculó antes de emitirse este fallo. Y segundo, porque «ha demostrado su buena fe, en particular cooperando estrechamente con la Comisión Europea durante el procedimiento administrativo previo».

La Comisión, satisfecha

El Ejecutivo comunitario, pese a no ver cumplidas sus aspiraciones, se limitó a «tomar nota del fallo» y «respetar la decisión judicial». «Lo importante es que las autoridades españolas hayan abordado las restricciones a la libertad de establecimiento de los operadores portuarios a través de la reforma adoptada en mayo», declaró el portavoz del área de Transportes, Enrico Brivio.

Por su parte, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, no ocultó su satisfacción por salir vivo de una crisis que heredó. «Se ha puesto fin al conflicto, se ha acabado con el último monopolio del país y hemos mandado una señal clara a Europa de que somos un país serio que cumple con sus obligaciones», se felicitó.

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