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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, antes de empezar la entrevista. :: ramón l. pérez
«Hay algunos impuestos cedidos que causan cierto revuelo y eso hay que ordenarlo»

«Hay algunos impuestos cedidos que causan cierto revuelo y eso hay que ordenarlo»

Pide «coherencia» en la financiación autonómica y que «los demás» partidos expliquen por qué no apoyan nuevos Presupuestos para 2018 Cristóbal Montoro Ministro de Hacienda y Función Pública

QUICO CHIRINO

GRANADA.

Domingo, 4 de febrero 2018, 01:20

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Cristóbal Montoro, en el grupo de influencia del PP desde 1993, conoce la gloria y el fracaso electoral. Fue ministro de Hacienda (2000-2004) y se fajó junto a Mariano Rajoy en la oposición frente a José Luis Rodríguez Zapatero. Siempre leal al hoy presidente del Gobierno, al que pide que vuelva a ser el candidato en los próximos comicios...cuando toquen. Eso sí, mientras, no olvida sus retos, como reformar la financiación autonómica y unos nuevos Presupuestos para 2018.

-Intuyo por sus declaraciones de los últimos días que pretende ser flexible con las comunidades en la negociación de la deuda y el sistema de financiación. Sin embargo, la presidenta andaluza, Susana Díaz, no ve ni en usted ni en Mariano Rajoy voluntad de ello.

-La hay claramente. Tratamos de asegurar y mejorar la financiación de los servicios públicos fundamentales. Estamos en una evolución económica que, a través del pago de los impuestos, facilita nuevos recursos. Y lo pertinente es que esos ingresos vayan, además de a reducir déficit público, a garantizar la prestación de esos servicios fundamentales. Detrás también hay un planteamiento de reforma tributaria. Es un proyecto ambicioso, que ahora lo podemos hacer por estar al borde de la salida de España del déficit excesivo.

«El nuevo sistema de financiación tiene que ser equitativo, también para Cataluña... y sin recelos»«No tenemos aún nuevos Presupuestos para 2018 por 'tacticismo' político y estamos en minoría»

-¿En qué línea iría esa reforma?

-En las comunidades hay unos impuestos cedidos, patrimoniales, que causan, digamos, cierto revuelo. Eso hay que ordenarlo. Y luego están los medioambientales, que tenemos que utilizar para garantizar el medio ambiente en nuestras ciudades.

-Esos cambios, con un Gobierno en minoría, se antojan difíciles...

-Mejor, porque si conseguimos el acuerdo nadie dirá que un Gobierno impuso su mayoría.

-De la manera que habla del sistema de financiación, ¿no era justo pero no se pudo cambiar antes?

-El sistema era perfeccionable, todos lo sabíamos, y más quienes estuvimos haciendo la oposición con el Gobierno socialista que aprobó este sistema. Tenemos que pedir a todos coherencia. Algunos ya criticamos este sistema por su opacidad, porque nació en el año que no había recursos públicos, y era absurdo porque produjo el mayor déficit público de la historia de España en el año 2009. Reclamo un poquito de coherencia a los que fueron los padres de este sistema, que no fue bueno de nacimiento. Llevamos seis años gobernando, con un intermedio de un Gobierno en funciones. Hemos hecho una política económica que ha facilitado que ahora haya más recaudación.

-Otra de las sospechas más recurrentes es que alguna comunidad salga más beneficiada que otra en el nuevo sistema, por ejemplo, Cataluña. ¿Garantiza que tras la reforma será equitativo?

-Tiene que serlo, también para Cataluña. Se trata de que todos los ciudadanos tengamos garantizado el acceso a servicios públicos fundamentales. Cataluña necesita sentirse parte del proyecto de España y no podemos tener un discurso excluyente. Este es un proyecto de España y todos nos tenemos que sentir cómodos. Si empezamos a recelar unos de otros no vamos a ser constructivos.

-¿Ve un riesgo real de intervenir ayuntamientos a corto plazo?

-El Gobierno está ayudando a los municipios. En 2017 hemos podido estar muy cerca de que España quede fuera del procedimiento de déficit excesivo, y eso se consigue porque hemos aplicado la ley de estabilidad presupuestaria, que conlleva que los gobernantes cumplan con el objetivo y con la regla de gasto. Es una norma muy compleja que se ha puesto de moda y, de tanto hablar de ella, parece que se entiende. Pero no es un recorte de gasto, sino que los límites de su crecimiento tienen que ir acordes al de la economía. Es muy sensata y es una regla europea; por eso la vamos a seguir aplicando. El responsable es el Estado español. Es normal que haya cierta tensión, pero en 2012 el debate era si iban a cerrar más de 4.000 ayuntamientos y, ahora, es que nos quedan 280 con problemas dentro de los 8.200 que hay en España.

-Hablando de presupuestos, ¿mantiene marzo o abril como plazo tope para aprobar los de 2018?

-Es que tiene que haber una fecha tope porque, si no, se superponen con los siguientes. El límite está en que nuestra Ley de Estabilidad define que, antes de que comience el último semestre, llevemos a las Cortes el techo de gasto. Y en julio hay que estar debatiendo ya el presupuesto de 2019. No tiene sentido que se superpongan. El límite está en esa primera semana de abril.

-¿Y presupuestos prorrogados?

-Todo lo dicho no evita que hagamos una operación de reales decretos para que algunos ámbitos, como el sueldo de los funcionarios o actualizar la financiación territorial, no se queden retrasados.

-El presupuesto se daba por hecho antes de enconarse el conflicto independentista catalán. ¿Ha habido 'tacticismo' político?

-Exacto. La de Cataluña es la mayor crisis que ha ocurrido en España. Se aprobó el techo de gasto en julio y esa mayoría no estaba dispuesta a reproducirse cuando estalló el conflicto catalán. No podemos rebajar la valoración de ese conflicto, pues nos ha restado los votos para llevar el presupuesto nuevo. El PSOE nos está diciendo que no va a aprobarlo y somos un Gobierno en minoría. Cómo vamos a llevar entonces cualquier ley al Congreso, y menos la de presupuestos. Nuestra voluntad es que los haya, pero los demás tienen que explicar por qué no lo apoyan.

-¿Qué explicación da a la postura de Ciudadanos?

-Ahora pone otra circunstancia. Desde enero, no antes, ha dicho que los presupuestos son un asunto de la senadora Pilar Barreiro -investigada por el Supremo-. Vamos a ver cómo se resuelve, depende de los tribunales no de la política. Cada uno es libre de poner las pegas que entienda, pero hay que preguntarse por qué no las puso en su momento. Seguimos convencidos de que Cs estará, pues ya habíamos negociado el contenido del presupuesto.

-El exministro Rodrigo Rato ha insinuado que usó la Oficina Antifraude para montar un complot contra él. ¿Cómo lo ve?

-Con tristeza, pues no puede haber un complot. Hay problemas judiciales e investigaciones en marcha, realizadas por funcionarios, pero el Gobierno no tiene capacidad en ello.

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