Hacienda quiere publicar listas con el absentismo de los funcionarios

No obstante, negociará con las comunidades las medidas a desarrollar, incluidas sanciones para los casos reincidentes

J. A. B.

madrid. Cada trabajador falta casi tres días al año a su puesto de forma injustificada. Al menos en promedio y según la última estadística publicada por el INE, con cifras de 2016. Y en la Administración se presume que estas ausencias son mayores, admiten fuentes gubernamentales. Por eso, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está terminando un plan que incluirá, salvo cambios de última hora, publicar listas del absentismo entre los empleados públicos.

Por razones de protección de datos no se contempla incidir en nombres, sí en causas y porcentajes. La pretensión es que cada Administración -Estado, comunidades y ayuntamientos- publique las suyas cada seis meses. La metodología ya ha sido hablada con los sindicatos.

Para ello el Ministerio convocará este mes a los representantes autonómicos -probablemente el día 17- y también prevé hacerlo con los locales. Sobre la mesa estará la cuestión de cómo coordinar medidas para reducir el absentismo, en especial en los casos prolongados. Una de las que manejan en el departamento que dirige Cristóbal Montoro es sancionar a los reincidentes. También se abordará el tratamiento de las bajas por incapacidad, a fin de regularlo mejor y evitar posibles fraudes.

Algunas comunidades, no obstan te, ya están avanzando en sus propios planes en algunos ámbitos. Por ejemplo, la Generalitat catalana prevé establecer un nuevo sistema de control para las entradas y salidas de los funcionarios en sus edificios. El Ejecutivo valenciano, por su parte, estudia aplicar un sistema digital de huella dactilar que recogería, además de la presencia del trabajador público, los horarios, permisos e incluso períodos de vacaciones.

Pese a reducir sus plantillas durante la crisis, la Administración Pública empleaba a finales de 2017 a casi 2,4 millones de personas, de las que más de la mitad (1,3 millones) corresponden a las autonomías repartiéndose el resto casi a partes iguales entre Estado y ayuntamientos.

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