El Gobierno endurecerá las sanciones por abusar de la temporalidad

Multará por cada contrato de este tipo injustificado, que ahora sólo tienen una penalización global de 600 euros

LUCÍA PALACIOS MADRID.

La «principal ocupación y preocupación» del Gobierno es que «cada día haya más empleo estable». Así, al menos, lo afirmó ayer ante la Comisión de Empleo en el Congreso la ministra Fátima Báñez, quien admitió no obstante que «la contratación temporal sigue siendo excesivamente elevada». En concreto, esa tasa se situó en el 26,7% a cierre de 2017 y los eventuales son ya nueve de cada diez nuevos trabajos.

Aprovechó para anunciar que el Ejecutivo va a proponer a los interlocutores sociales, dentro de la mesa de calidad en el empleo, endurecer la penalización a las empresas que realicen contratos temporales sin causa justificada. En concreto, pretenden imponer tantas sanciones como contratos temporales fraudulentos se hayan firmado, corrigiendo de este modo el actual sistema centrado en la infracción y que no contempla íntegramente el número de trabajadores afectados.

«Detrás de cada contrato en fraude de ley hay un trabajador y una vulneración. Queremos dar un paso más en ese sentido», explicó Báñez, quien además señaló que esta medida irá acompañada de un estudio por parte de los agentes sociales sobre la contratación temporal, «sector a sector».

El Gobierno accede así a una de las peticiones que vienen haciendo los sindicatos en los últimos tiempos, que denuncian que a las empresas en realidad les sale prácticamente gratis contratar fraudulentamente a sus trabajadores. El motivo, aducen, es que apenas pagan una única penalización que parte de 600 euros, aunque puede agravarse según el número de contratos injustificados o de la antigüedad. De igual manera las organizaciones de trabajadores abogan por incrementar la cuantía y aumentar el número de inspectores de trabajo.

No se van a quedar solos. Báñez se comprometió a seguir planteando nuevas medidas para desincentivar la contratación temporal injustificada, porque -a su juicio- «perjudica a los trabajadores, repele el talento, merma la productividad y competitividad y, además, reduce los ingresos públicos».

La titular de Empleo ya anunció en septiembre medidas para penalizar este tipo de contratación, entre las que propuso incrementar las cotizaciones sociales para aquellas empresas en las que haya una mayor tasa de temporalidad. También para las que abusen de una rotación excesiva. Lo haría a través de un sistema 'bonus-malus', es decir, de premio y castigo.

Además, el Ministerio quiere reducir a tres los contratos: indefinido, uno de formación (en lugar de dos) y temporal de protección creciente, que indemnice los despidos con 12 días al término del primer año, 16 días al finalizar el segundo año y 20 días a partir del tercero.

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