El Gobierno endurecerá la normativa a Cabify y Uber

LUCÍA PALACIOS MADRID.

El Gobierno quiere poner freno a la guerra que en la actualidad ha estallado entre el sector del taxi y el del alquiler de vehículos con conductor (VTC). Para ello el Ministerio de Fomento anunció ayer en un comunicado que iniciará «urgentemente» la tramitación de una nueva normativa que contenga una serie de medidas para «mejorar» esta situación y «garantizar una convivencia ordenada y equilibrada» entre ambos gremios.

Entre otras medidas, el departamento que dirige Íñigo de la Serna prohibirá la transmisión de autorizaciones de VTC durante un límite temporal de dos años desde su consecución, con el objetivo de que la solicitud de estas licencias se haga exclusivamente para operarlas y no con fines especulativos. Máxime cuando se estima que en los próximos meses se concedan 10.000 nuevas licencias.

Además, la nueva norma, que se aprobará mediante un Real Decreto, también pretende que los servicios de empresas como Uber o Cabify queden registrados electrónicamente y de manera pública antes de su prestación, para que de esta manera se cumpla el requisito de contratación previa que ya existe para este tipo de vehículos y no puedan captar viajeros circulando por las vías públicas o mientras están estacionados en lugares tales como estaciones o aeropuertos.

Asimismo, con la creación de estos registros electrónicos públicos se podrá controlar más eficazmente el cumplimiento de la ley que limita los servicios que estos vehículos pueden prestar fuera de su comunidad autónoma, que está fijado en el 20% del total acumulado en cada trimestre.

Fomento sostiene que «todas estas medidas complementan las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora», entre las que resalta la inclusión expresa de este sector en la línea de ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas (Plan MOVEA) o el inicio de la tramitación de una norma para el establecimiento de matrículas diferenciadas para los vehículos destinados al servicio de taxi y VTC. El Gobierno pretende así «frenar el intrusismo y la piratería en el sector» .

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