El Gobierno se compromete ante Bruselas a aprobar la reforma de la financiación autonómica en un año

Sin embargo, la presión de las comunidades ha hecho que el presidente Mariano Rajoy anunciara hace pocas fechas un «inmediato» Consejo de Política Fiscal y Financiera entre Hacienda y las autonomías -que debería celebrarse en mayo- para tratar esta reforma. Ahora el Ejecutivo parece dispuesto incluso a aprobar el nuevo sistema en el periodo de un año. Al menos ese es el compromiso que se recoge en el Programa Nacional de Reformas que se enviará hoy a la Comisión Europea.

A pesar de que todas las comunidades y el Gobierno están de acuerdo en la necesidad de cambiar el sistema actual, el ritmo para abordar esta reforma está siendo más que lento. De hecho, han pasado ya nueve meses desde que el comité de expertos presentara al Ejecutivo su informe de recomendaciones. Desde noviembre se han producido reuniones técnicas donde las comunidades -salvo Cataluña, que decidió excluirse- han presentado sus propuestas. El Gobierno espera tener listo en unas semanas el primer borrador.

El objetivo del Ejecutivo en los próximos 12 meses, según el Programa de Reformas, es elevar una propuesta definitiva al Consejo de Política Fiscal para su «discusión y votación». En ese mismo plazo, según el documento, el Gobierno «aprobará el proyecto de ley de reforma del sistema», que será «remitido a las Cortes para su tramitación».

Sin embargo, antes de llegar a ese punto deben salvarse varios escollos que mantienen estancada la negociación. Uno de los principales obstáculos tiene que ver con la armonización de impuestos cedidos, como Sucesiones o Donaciones, dada la enorme brecha entre comunidades.

De hecho, regiones como Madrid o Canarias tienen bonificado casi al 100% estos tributos, lo que provoca que contribuyentes en otros territorios con menos exenciones, como Andalucía o Extremadura, tengan que pagar casi 1.000 veces más, por ejemplo, por una herencia. Esto ha llevado a que algunas comunidades acusen a Madrid -que también tiene bonificado al 100% el Impuesto sobre el Patrimonio- de «competencia desleal». Sin embargo, esta región o Baleares se oponen a la fijación de un tipo mínimo para estos impuestos, pues consideran que sería ir en contra de la corresponsabilidad fiscal que conlleva un sistema descentralizado como el español.

El Programa de Reformas también explica que el nuevo sistema «estimará el coste total asociado a los servicios públicos esenciales de las comunidades». Precisamente regiones como Galicia, Asturias y Castilla y León pretenden que en ese cálculo se tenga en cuenta la factura de esos servicios en territorios de gran dispersión geográfica y, asimismo, el envejecimiento de la población.

La otra gran cuestión de la negociación tiene que ver con la reestructuración de la deuda autonómica en manos del Estado (166.161 millones en 2017), contraída por los mecanismos extraordinarios como el FLA. Las regiones más endeudadas como Valencia, Murcia o Baleares son partidarias de una quita, mientras que otras con menos pasivo -casos de Madrid o Galicia- consideran que eso sería beneficiar a las regiones incumplidoras. En esta tesitura Hacienda está dispuesta a alargar los vencimientos y rebajar los intereses, lo que beneficiaría a todas.