El Gobierno cierra definitivamente la central de Garoña por la falta de respaldo

Central nuclear de Garoña, en el valle burgalés de Tobalina. :: l.r.

Admite la «clara oposición política» y la división de las empresas propietarias y afirma que el impacto será «nulo» en el mercado energético

D. VALERA MADRID.

La central nuclear de Santa María de Garoña, la más antigua de España, no volverá a funcionar. En realidad, no lo hace desde diciembre de 2012, pero ayer el Gobierno decidió el cierre definitivo de la instalación burgalesa al «denegar la autorización de explotación» para reabrirla. El Ejecutivo siempre había mostrado sus simpatías por la continuidad de la central, que había cumplido los 40 años de vida útil en 2011. A favor tenía el informe del Consejo de Seguridad Nuclear aprobado este año y que avalaba su reapertura siempre y cuando se realizasen algunas reformas. Sin embargo, en los casi seis meses transcurridos desde entonces, el Gobierno ha podido constatar la falta de respaldo político, social e incluso empresarial a extender la vida de la central. Algo que le ha llevado a desistir y anunciar la liquidación de Garoña por falta de «certidumbre» sobre el futuro.

«La posición de Garoña se ha basado en cuestiones ideológicas y no en un debate sosegado sobre el futuro de las centrales», lamentó el ministro de Energía, Álvaro Nadal, al explicar las razones del cierre de la instalación nuclear. Y no dudó al afirmar que el contexto de «clara oposición política» ha sido decisivo. De hecho, el ministro recordó que todos lo partidos, salvo el PP, habían solicitado en el Congreso el cierre de Garoña. A esto se suman las discrepancias existentes sobre la viabilidad del proyecto en Nucleonor, la empresa propietaria de la central formada a partes iguales por Iberdrola y Endesa. Es más, Nadal criticó ayer el papel de las compañías explotadoras de la instalación atómica. «Las propias empresas han usado Garoña como elemento o de presión del parque central nuclear en su conjunto», explicó.

En este sentido, afirmó que el Gobierno no tiene pensado rebajar las tasas nucleares. En cualquier caso, el ministro insistió en que la decisión de cerrar Garoña no afectará al sistema y tendrá un «nulo impacto» en el mercado energético de España.

La central burgalesa tenía una potencia eléctricad e 466 megavatios, inferior a los 1.000 de la mayoría del resto de instalaciones atómicas del país. Nadal también reconoció que el cierre de la central afectará a sus 400 trabajadores, pero recordó que hay un plan de prejubilaciones y de recolocación ya en marcha en la región para paliar este situación.

Extender las demás centrales

En cualquier caso, el titular de Energía quiso desvincular la decisión sobre Garoña de la situación del resto de centrales. Así, explicó que esta medida no modifica la opinión del Gobierno sobre el parque nuclear y recordó que la posición sigue siendo mantener las instalaciones atómicas. De hecho, Nadal mostró su apoyo para que la central de Almaraz, que en 2020 cumple los 40 años, siga operando. «Espero que no haya más Garoñas», sentenció. En este sentido, destacó que el cierre de todas las centrales nucleares, como proponen algunos partidos, provocaría un aumento del 25% del precio de la electricidad en el mercado mayorista.

La decisión del cierre fue compartida por Iberdrola. La eléctrica afirmó en un comunicado que desde hace más de un año y medio abogaba por poner fin a la central al considerar que, «aun siendo segura desde el punto de vista técnico, su continuidad era económicamente inviable». La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán estimaba que la reapertura hasta 2031 (que era lo solicitado) implicaría unas pérdidas de 916 millones por las inversiones necesarias.

Por su parte, Endesa recordó que que su posición siempre fue renovar la autorización y facilitar que el Gobierno «adoptara una decisión al respecto bajo condiciones que fuesen técnica y económicamente viables». En este punto, señalaron que hicieron alegaciones para minimizar el impacto económico de las reformas, pero Iberdrola no aceptó. Ahora, la eléctrica «respeta y asume» la decisión del Ejecutivo y se compromete a «colaborar lealmente en su cumplimiento».

Con el anuncio de ayer se pone fin a un culebrón que se inicó en 2009 con la petición de Nucleonor de prolongar la vida de la central. El Gobierno decidió extenderlo hasta 2013, pero las compañías unilateralmente pararon la instalación en 2012, lo que les costó una sanción. En 2014 volvieron a solicitar una reapertura que finalmente no se producirá. Eso sí, el proceso de desmantelamiento no será rápido. El Ejecutivo estima que se prolongará entre 13 y 16 años. Es necesario construir un Almacén Temporal Individualizado (ATI)para el combustible gastado y acondicionar los residuos generados, entre otros requisitos.

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