La financiación local, a la espera del acuerdo respecto a las cuentas autonómicas

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, antes de una reunión. :: k. huesca / EFE/
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, antes de una reunión. :: k. huesca / EFE

Los ayuntamientos urgen a constituir una mesa negociadora, mientras el Congreso ha abierto la vía para cambiar la polémica regla de gasto

J. A. BRAVO MADRID.

Que los principales impuestos sobre el 'ladrillo' hayan respondido con creces a las necesidades financieras de los ayuntamientos no implica que estos no tengan otros problemas que resolver y tareas que sufragar. Por eso, las 1.824 localidades registradas en España y representadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) vienen insistiendo al Gobierno para que aborde con ellas un nuevo modelo de financiación.

La última vez fue a finales de diciembre. Su presidente y alcalde de Vigo, Abel Caballero, pidió formalmente al titular de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que constituya «de manera inmediata» una mesa negociadora. Y lo primero a abordar sería la solución pendiente a cómo modificar el tributo sobre las plusvalías.

El ministro no les ha contestado directamente. Eso sí, ante los medios dijo que en «las próximas semanas» tocará «acometer» la reforma de la financiación autonómica, empezando por la vertiente política de la negociación tras las reuniones técnicas entre representantes autonómicos y del Estado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Esto es, a los ayuntamientos les tocará esperar turno, algo que ya se temían hace semanas. El problema es que la situación política no es precisamente proclive a que se alcance un acuerdo con las comunidades en poco tiempo y consideran que reformar la financiación local resultaría, además de más factible, menos extenso en sus plazos.

El superávit resta prisas

Por eso desde la FEMP querrían que hubiera dos mesas en paralelo, una de autonomías y otra de ayuntamientos. Pero en el Ministerio no parecen por la labor y prefieren ir de forma escalonada. Cuentan, además, con el respaldo de que los segundos habrían mantenido en 2017 un superávit presupuestario similar al del ejercicio anterior (un 0,6% equivalente en PIB, es decir, más de 7.000 millones de euros) y que España, en su conjunto, habría cumplido el objetivo de déficit sin maquillajes, con un desfase del 3% que le dejaría fuera del control más estrecho de Bruselas.

Pero no todo es oro en el ámbito municipal. Aunque hay saldo positivo en sus cuentas anuales desde 2012 -son las administraciones públicas más saneadas-, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que el año pasado los grandes ayuntamientos redujeron su superávit más de un 25%. Se debería, sobre todo, al incumplimiento de la polémica regla de gasto por ocho de ellos.

Dicha norma limita los desembolsos de las administraciones por encima de un incremento fijado cada año -el 2,1% en 2017-, lo que genera ese sobrante que ha ayudado a reducir el déficit, un margen de 21.200 millones desde 2012. Pero la situación podría cambiar. La oposición ha logrado que el Congreso tramite una proposición para cambiarla.

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