Secciones
Servicios
Destacamos
J. A. BRAVO
MADRID.
Domingo, 18 de febrero 2018, 00:49
Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.
Compartir
Esta legislatura lleva camino de pasar a la historia por la falta de reformas económicas de gran calado y la llamativa reducción de iniciativas legislativas -los principales cambios acometidos por el Gobierno han sido a raíz de directivas europeas e incluso lo ha hecho con bastante retraso como, por ejemplo, la reforma de la estiba o el proyecto de la ley hipotecaria- , lo que ha propiciado que se multiplique el recurso a la vieja táctica de los globos sonda. Es, apuntan resignados desde el Consejo General de Economistas (CGE) y el Registro de Asesores Fiscales (REAF), el intento del Ejecutivo por dar apariencia de una actividad normal pese a ser conscientes de que sin la mayoría parlamentaria necesaria solo los proyectos muy consensuados pueden prosperar.
El mejor ejemplo son los Presupuestos Generales del Estado y la reforma de la financiación territorial. Los primeros han tenido que ser prorrogados por la falta de apoyos e incluso puede que hasta dos años seguidos -de no llegar a un acuerdo en abril, en Hacienda piensan ya en preparar las cuentas públicas de 2019-, un hecho inédito. La segunda lleva pendiente años y, pese a los anuncios políticos, solo un pacto PP-PSOE permitiría aprobarla en 2018.
Por eso, cualquier anuncio económico que se hace desde el Ejecutivo es mirado desde hace tiempo con cierta incredulidad y, en ocasiones, se evidencian dudas incluso dentro del propio gabinete. El último ejemplo fue el lunes. España estudia «algún tipo de forma de imposición» a las grandes plataformas tecnológicas como Google, Apple, Facebook o Amazon. Sería «temporal» y «a corto plazo», dijo María José Garde, subdirectora general de Fiscalidad Internacional de la Agencia Tributaria.
Pero ese mismo día sus palabras fueron matizadas desde el Ministerio de Hacienda, hasta el punto de que su titular, Cristóbal Montoro, se apresuró a salir en varios medios para desmentirlo, aunque así pusiera en evidencia a uno de sus altos cargos que, además, preside el Foro de Transparencia Global de la OCDE. Esto es, no hablaba precisamente de oídas.
No era la primera vez -aunque sí una de las más evidentes- que en ese departamento se daba marcha atrás, de forma más o menos matizada según los casos, en algún anuncio. Ha pasado de forma recurrente con los llamados impuestos verdes, es decir, la tributación medioambiental que Montoro ha puesto encima de la mesa casi cada vez que había que ajustar el déficit aunque nunca ha terminado de concretarlos -la última vez dudaba entre encarecer la actual tasa de hidrocarburos o crear una nueva para los vehículos más contaminantes-. Pasó algo parecido con el gravamen a las bebidas azucaradas, pese a que éste parecía incluso más avanzado.
El Gobierno llegó a anunciárselos en otoño de 2016 a Bruselas para justificar ante la Comisión Europea cómo abordaría los ajustes necesarios para cumplir con el objetivo de déficit. Según sus cuentas, sin embargo, sumando ambos no habrían llegado a representar una décima del PIB (500 millones de recaudación por los impuestos medioambientales y unos 200 millones por las bebidas azucaradas). Como se necesitaba un margen del 1,4% al final se pensó en otras alternativas, lo que unido al acuerdo presupuestario con Ciudadanos para 2017 dejó ambas figuras tributarias en el cajón.
La financiación territorial ha centrado otros globos sonda del Gobierno en los últimos meses. El más reciente, obra del propio Montoro, que el pasado 31 de enero abrió la puerta a una «quita parcial» de la deuda autonómica, que beneficiaría sobre todo a Cataluña, Valencia y Baleares. Sin embargo, tras una reunión días después con los 'barones' regionales del PP, el ministro dio marcha atrás. Ya no parece pensar en una quita sino en condonarles los intereses -lo dijo el jueves- de los más de 159.500 millones de deuda, generados a raíz de los mecanismos de financiación desplegados por el Estado desde 2012.
Otra opción, por ahora no apuntada, sería convertirla en perpetua; en la práctica, otra forma de condonación -aumentar su plazo hasta 40 años supondría, según los expertos, una quita del 25%-. Veremos.
Lo que parece descartado es que al final termine habiendo para Cataluña un cupo fiscal similar al que disfrutan País Vasco y Navarra. Y eso que en una entrevista en vísperas del referéndum secesionista del 1 de octubre el ministro de Economía, Luis de Guindos, abría la puerta a ello. «No hay nada absolutamente escrito en piedra», dijo cuando le preguntaron por esa posibilidad. Apenas un día después, sin embargo, se vio obligado a cerrarla por las circunstancias: «no está sobre la mesa». «El cupo no tiene la más mínima viabilidad en este momento ni en la realidad económica española», abundó.
En otras ocasiones, los globos sonda no han sido desmentidos, aunque sí olvidados hasta que el horizonte sea más claro. Pasó con la manida conciliación laboral y racionalización de horarios. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, anunció en diciembre de 2016 que iba a impulsar un pacto nacional para que la jornada laboral terminase, en general, a las seis de la tarde, algo que ya prometió el presidente Mariano Rajoy. Desde entonces, salvo en ampliar el permiso de paternidad, apenas se ha avanzado.
Mucho más cerca, a mediados de enero, Báñez abogó por alargar el período de cálculo de la pensión a toda la vida laboral, sin dejar claro sí sería forzoso o voluntario, además de rebajas e incluso eliminación de algunas bonificaciones en las cotizaciones. Oposición y sindicatos lo tacharon de «globos sonda» y la ministra no ha vuelto a mencionarlo.
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.