España se expone a ser multada por el retraso en adaptar directivas de la UE

La Comisión pide una sanción de 105.991 euros diarios por no trasponer a tiempo una norma hipotecaria, plazo que excede en otras leyes

D. VALERA

madrid. Primero fue la reforma de la estiba, ahora la ley hipotecaria y el listado podría aumentar en breve. España se enfrenta de nuevo a la amenaza de multa por parte de la Comisión Europea por superar el plazo de adaptación de una directiva comunitaria. En concreto, Bruselas insta al Tribunal de Justicia de la UE en un recurso presentado en septiembre, pero difundido ayer, que imponga a España una sanción de 105.991 euros diarios por no haber incorporado todavía la normativa sobre contratos de crédito hipotecario. El plazo para trasponerla a las legislaciones nacionales expiró el 21 de marzo de 2016. El problema es que no es la única directiva no aplicada a tiempo.

En el caso de la norma hipotecaria, España ya había sido advertida por el Ejecutivo comunitario en varias ocasiones sobre el retraso en la aplicación de una ley aprobada por las instituciones europeas en 2014. De hecho, no fue hasta el pasado 3 de noviembre (tres años después) cuando el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley hipotecaria que traspone la directiva europea y que busca reforzar la transparencia en los contratos hipotecarios. Por tanto, ahora se encuentra en fase de tramitación parlamentaria.

Fuentes del Ministerio de Economía explicaron ayer que «confían» en que sea validada «cuanto antes, para evitar así cualquier tipo de sanción». Además, desde el departamento que dirige Luis de Guindos señalaron que la ley que se debate en el Congreso va más allá de lo exigido por Bruselas en algunos aspectos. Asimismo, el Gobierno achacó el retraso al largo periodo que estuvo en funciones el año pasado y que le impidió aprobar ninguna ley. En cualquier caso, la directiva sobre contratos de crédito es de 2014, por tanto bastante anterior al periodo de inestabilidad política.

Además, España es reincidente en lo de aprobar directivas europeas fuera de plazo. Le ocurrió con la reforma de la estiba, donde no sólo legisló tarde, sino que incluso lo hizo tres años después de una primera sentencia condenatoria del Tribunal de la UE, lo que pudo costarle una sanción de 25,5 millones. Al aprobar la norma el pasado mayo, finalmente la multa se redujo a tres millones. Pero la lista de incumplimientos es larga. Los dos decretos aprobados el pasado viernes sobre el derecho a una cuenta bancaria básica y de información no financiera también exceden en más de un año el plazo de trasposición.

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