España, a la cabeza de la UE en incumplimientos

Una de las protestas que 
los estibadores realizaron 
en junio, ésta en Bilbao, 
durante su huelga 
contra la reforma de 
los puertos. :: m. toña / EFE/
Una de las protestas que los estibadores realizaron en junio, ésta en Bilbao, durante su huelga contra la reforma de los puertos. :: m. toña / EFE

La Comisión le ha recriminado en 35 ocasiones este año, las últimas por las leyes sobre blanqueo y las reglas Mifid II Es el Estado europeo más expedientado desde Bruselas «por incorrecciones en la transposición» de sus leyes, «mala aplicación» o retrasos, con más de noventa casos

J. A. BRAVO

madrid. Tarde y mal. Así es como viene cumpliendo España con su obligación de trasladar a su legislación nacional las distintas normas que viene aprobando la Unión Europea. En realidad, el problema no es nuevo y desde principios de este siglo -esto es, los culpables han sido los gobiernos dirigidos tanto por el PP como por el PSOE- el país aparece sin remisión en los puestos más destacados de esa lista negra.

Lo más preocupante es que esa tendencia se ha agudizado en los últimos ejercicios. Y es que si en 2015 ocupaba el segundo puesto por número de procedimientos de infracción abiertos desde la Comisión Europea (CE), en 2016 ascendió al primer lugar entre señalados por 'papa UE' como 'hijos remolones' a la hora de cumplir con sus deberes.

En su último informe, España sale bastante mal parada pese a que las autoridades comunitarias evitan entrar en adjetivos y apenas pormenorizan el comportamiento de cada país. A diferencia de cuando hacen su análisis periódico sobre los Presupuestos de cada Estado miembro o las reformas económicas, aquí casi se limitan a los números fríos. Estos, no obstante, resultarán gélidos para los europeístas españoles. España cerró el último ejercicio con hasta 91 procedimientos abiertos «por incorrecciones en la transposición y/o una mala aplicación de la ley europea» o bien demorarse en hacerlo, lo que equivale a decir que hizo mal las cosas con casi un centenar de directivas comunitarias.

En ese resultado ya se han tenido en cuenta los expedientes anteriores que se han ido cerrando. Y es que la actividad desde Bruselas en esta materia se antoja muy profusa. Por ejemplo, solo en el caso de España en lo que llevamos de año ha recibido más de medio centenar de avisos de infracción -en concreto, 52 hasta el jueves pasado-, de los cuales dos tercios (el 67%) eran, en realidad, comunicaciones de archivo de casos anteriores. La mayoría de esos desestimientos se debieron a que, aunque con demora, el Gobierno terminó cumpliendo su parte, como en la Directiva de residuos de 2006 o la de 2014 relativa a la planificación de los espacios marítimos, los últimos en cerrarse.

En contraste, en 2017 España ha sido advertida en hasta 35 ocasiones de posibles nuevas infracciones, es decir, a una media de tres cada mes y eso sin saber si en lo que resta de diciembre le llegarán más avisos. El 63% (22 en concreto) fueron cartas de emplazamiento, esto es, la primera notificación formal de que se ha abierto un procedimiento sancionador contra el país. Ocho fueron dictámenes motivados de Bruselas ante el Tribunal de Justicia de la UE, o sea, denuncias formales para que éste se pronuncie si el incumplimiento persiste, y otros cinco recursos ante dicha instancia.

Entre los expedientes más recientes figura el relativo a la no transposición de la Directiva de este mismo año que desarrolla las últimas reformas regulatorias para el mercado de instrumentos financieros, reglas conocidas como Mifid II. También destaca otro por no aplicar de forma completa la normativa europea sobre blanqueo de capitales, tras expirar el plazo para ello en junio. España, eso sí, no ha sido el único país «apremiado» a ello pues otros 14 Estados de la UE han corrido la misma suerte. Entre sus tareas pendientes al respecto están no haber reforzado las sanciones, así como no hacer un registro de profesionales que prestan servicios financieros.

El año ya comenzó con otra reprimenda sonada para España, al ser un tema en el que en teoría más se ha insistido desde el Parlamento y el propio Ejecutivo. En febrero fue expedientada por no desarrollar bien la Directiva de 2011 sobre morosidad en las transacciones comerciales. En concreto, le reprochó que la regulación nacional permita que, «de forma sistemática», se superen los 30 días como plazo máximo de pago entre empresas y que el régimen sancionador no sea efectivo.

El modelo 720, señalado

Luego irían llegando emplazamientos sobre asuntos diferentes, por ejemplo, los niveles máximos de contaminación en las ciudades, el desplazamiento de trabajadores dentro de la UE, los alertadores ('whistle-blowing') de casos de corrupción en empresas y el sector público e incluso el controvertido modelo 720. Hablamos de la declaración de bienes y derechos en el extranjero, aprobada por el Gobierno en 2012 para mejorar la lucha contra el fraude fiscal pero que en Bruselas ven «en conflicto» con sus «libertades fundamentales». No es tanto por información reservada, sino por las multas a quien no cumple esa obligación, o lo hace mal, que ve «desproporcionadas» y «discriminatorias».

Volvió a ser advertido el país, asimismo, del retraso en la aplicación de la Directiva de 2014 sobre el mercado hipotecario, en cuya transposición España acumula ya más de dos años de demora. Tras varios anuncios fallidos, el Consejo de Ministros aprobó finalmente el proyecto el 3 de noviembre pasado.

No debería servir de consuelo, pero lo cierto es que la poderosa locomotora europea, Alemania, comparte con España el escarnio que puede representar ser el país de la Unión con más procedimientos de infracción vivos, 91 en ambos casos. Les siguen a poca distancia Bélgica (87 casos), Grecia (86), Portugal (84) y Francia (83). Por el contrario, los menos advertidos desde Bruselas son, con diferencia, Estonia (30), Malta (31) y Dinamarca (34).

La Comisión fue especialmente profusa en sus expedientes en 2016, al abrir un total de 1.657 a todos los socios europeos, un 21,1% más que el año anterior. Por temas, la gran mayoría tuvieron que ver con el mercado interno, la industria y el emprendimiento (270), así como el medio ambiente (269), la estabilidad financiera y la banca (230).

Pero España también está entre las más señaladas por denuncias de incumplimiento de la legislación de la UE, el paso previo a ser expedientada. Así, en 2016 recibió 424 quejas -el 35% sobre justicia y consumidores, y de las que 46 acabaron en la apertura de un procedimiento de infracción-, solo por detrás de Italia (753) y seguida de Francia (325). Además, tuvo que ir tres veces a juicio frente a Bruselas (ésta afrontó 28), pero los perdió todos.

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