El Ejecutivo, a contrarreloj para evitar otra sanción de la Unión Europea

Bruselas anunció en abril que denunciaría a España por retrasar tres años la adaptación de la directiva sobre préstamos hipotecarios

J. M. CAMARERO

madrid. El Gobierno ha tardado tres años en sacar a la luz el anteproyecto de ley que modifica la normativa hipotecaria, a pesar de que desde 2014 la Unión Europea obliga a adaptar la legislación en esta materia, a raíz de la aprobación de la directiva 17/2014 con la que se pretende proteger al consumidor. Ahora, el Ministerio de Economía espera que una vez que pase el verano, el trámite parlamentario se agilice para que la reforma esté lista antes de final de año.

De esta forma, España evitaría otro conato de sanción -el último ha sido el relacionado con la reforma del sector de la estiba- por no haber agilizado la transposición de la directiva en el plazo establecido. El pasado mes de abril, la Comisión Europea enviaba a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no aplicar a tiempo las reglas europeas que refuerzan la protección del consumidor al suscribir una hipoteca.

Esta acción llegaba después de que los sucesivos acontecimientos superaran cualquier expectativa de Economía. Porque el Tribunal de Luxemburgo ya ha dado la razón a los consumidores españoles en determinadas demandas sobre abusos bancarios. Así ocurrió, por ejemplo, el 21 de diciembre del año pasado, cuando el TJUE dio la razón a un hipotecado al refrendar la retroactividad total en la devolución de las cantidades cobradas de más por su entidad por aplicar de forma poco transparente una cláusula suelo en su crédito.

Hace tres meses, Bruselas ya recordó a España que, a pesar de los conflictos judiciales, un año después de que venciera el plazo para aplicar los cambios en la ley hipotecaria, «aún no ha cumplido la obligación» de trasladar la directiva europea a sus leyes.

El Ejecutivo comunitario enmendaba así la plana al Gobierno español después de haberle concedido un holgado margen para que cumpliese sus obligaciones legales. Ocurrió lo mismo con Portugal, Chipre y Croacia. Casi dos años después de la apertura del procedimiento formal, las autoridades españolas «no han notificado ni el borrador de medidas, ni un calendario claro ni la legislación», según la Comisión. Ahora será el tribunal el que valore los incumplimientos de España, aunque si el Gobierno aprueba la norma requerida mientras el tribunal analiza el expediente, es posible que se retire o se salde sin reprimendas finales.

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