EL DISPARATE DEL CÉNTIMO SANITARIO

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La armonización del impuesto sobre la gasolina supondrá que algunas comunidades autónomas paguen el triple

En los últimos años, la Hacienda ha sufrido varias derrotas en los tribunales europeos por impuestos lesivos para el contribuyente. Una fue la que obliga a la supresión del mal llamado 'céntimo sanitario' (cuya denominación real es Impuesto de Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos), por vulnerar uno de los principios más básicos de un sistema fiscal: no poner más de un tributo sobre el mismo hecho imponible. Además, llevaba aparejada publicidad engañosa, al proclamar que su fin era una correcta financiación de la Sanidad.

El IVMDH se convirtió en un eficaz mecanismo de recaudación en las comunidades, aprovechando que el combustible es un bien de primera necesidad para los usuarios de un vehículo y para las familias con calefacción de gasóleo. Por mucho que suba el precio, la demanda apenas baja. Por ello, y a pesar de las sentencias desfavorables, el Estado lo reformó para encajarlo en la legalidad, fusionando el IVMDH y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. Esto permitía que hubiese un tramo estatal de 24 euros por cada 1.000 litros de combustible, y otro autonómico, con un tope de 4,8 céntimos por litro. El 'céntimo sanitario' se transformó en un instrumento de competencia fiscal entre regiones. Hasta ocho tienen el tipo más elevado del impuesto.

Un caso de manual es el de Galicia y Asturias, donde los conductores que lindan con Castilla y León repostan en sus gasolineras, a fin de ahorrar 2,4 euros cada vez que llenan el depósito. En consecuencia, esta comunidad se beneficia de no tener gravamen autonómico, gracias a un mayor negocio de sus estaciones de servicio. Además, en términos fiscales el efecto es neutro, porque sigue recibiendo el 56% que le corresponde en el reparto de la recaudación del Impuesto de Hidrocarburos, por la financiación autonómica.

El problema vendrá a partir de ahora, cuando, tras la aprobación de los Presupuestos, se produzca una armonización del impuesto a nivel nacional, que obligará a los contribuyentes a pagar en toda España 7,2 céntimos de euro por litro de gasolina. Esto significa triplicar la presión fiscal sobre los cántabros, navarros, vascos, castellanoleoneses, riojanos y canarios.

La justificación es que España tiene una de las fiscalidades sobre hidrocarburos más bajas de Europa. Pero nuestro país soporta un tipo general del IVA más alto que el germano o el galo, que también se aplica sobre el gasóleo o gasolina. Y esto perjudicará a las familias, puesto que el 79,68% de la recaudación se obtiene del gasóleo, según los datos de 2015 del fisco. En cuanto al destinado a calefacción, los ciudadanos de Baleares son los que pagan el litro más caro (1,2 céntimos), seguidos de los 0,6 céntimos de Asturias, Murcia y Cataluña.

Si a los políticos les preocupa la pobreza energética, en vez de meterse demagógicamente con las eléctricas y las gasistas, deberían suprimir gravámenes tan absurdos como el de los combustibles. Y si se descuenta el coste del personal para su recaudación, estos tributos autonómicos apenas consiguen ingresos, lo que perjudica la competitividad para atraer consumidores, turistas e inversores.

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