LA DEUDA ENFERMA LA SANIDAD

Endeudarse resta capacidad para invertir en servicios públicos en lugar de potenciarlos

Uno de los conceptos básicos en Economía es el de 'restricción presupuestaria': a una renta dada, todo lo que se gasta en un determinado bien o servicio no se puede gastar al mismo tiempo en otro. Esto resulta de plena aplicación al presupuesto público. Pero la disciplina que conlleva pocas veces se cumple, ya que los gobernantes, en busca del rédito político, acuden a la emisión de deuda para sufragar sus gastos. Este recurso se practica especialmente en épocas de dinero fácil y barato, cuando los mercados están dispuestos a financiar a los Tesoros Públicos a plazos más largos y a tipos de interés más bajos. Lo que no se ve es que se genera una carga silenciosa sobre los ciudadanos, que merma hasta en un 40% el ahorro de las familias, tal como muestra el último estudio de 'think tank' Civismo 'La deuda pública 'hipoteca' un 41% del ahorro de las familias'.

Esto es lo que sucede actualmente en la economía española. El Estado se está financiando, incluso, a tipos de interés negativos a corto plazo. En el caso de las regiones, sus fuentes de financiación se han ampliado de forma considerable: primero, la 'barra de liquidez' provista por Hacienda a través del Fondo de Liquidez Autonómica, a tipo de interés cero y con plazos holgados de amortización; segundo, los nuevos recursos previstos en los Presupuestos Generales del Estado de 2017; tercero, la capacidad de algunas CC AA de salir por sí solas a emitir deuda en los mercados de capitales y, en cuarto lugar, la petición de préstamos a entidades de crédito.

Sin embargo, ni el político ni el ciudadano se dan cuenta en muchas ocasiones de que emitir deuda resta capacidad de afrontar gastos importantes. Las cantidades adeudadas generan unos intereses que hay que abonar en el presente y que, por tanto, se detraen de la inversión en servicios públicos. Según los datos publicados por las CC AA, compilados por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, cada euro de los presupuestos autonómicos que se emplea en servir a la deuda supone, de media, gastar 2,5 euros menos en Sanidad.

Extremadura, Asturias o Canarias, que, o poseen recursos presupuestarios más limitados o un sistema de salud menos eficiente, tienen que sacrificar entre 4,9 y 3,7 euros de gasto sanitario por cada euro adicional destinado a pagar intereses y amortización de deuda. En el otro extremo están Cataluña, Valencia o La Rioja, todas ellas por debajo de la media nacional (en torno a 1,5 euros menos en capítulo sanitario), gracias a un mayor presupuesto y un sistema de salud más eficiente. No obstante, la deuda lanza una advertencia incluso a las regiones con mayor capacidad financiera, en tanto supone un lastre en su capacidad de crecimiento.

Por tanto, el mensaje es claro: más deuda no implica más gasto en servicios públicos. A corto plazo, lo que entra por esta vía parecería suficiente para invertirlo en sanidad o educación. Pero a medio y largo, el servicio de la deuda consume capacidad para acometer proyectos de vital importancia, como los programas de atención en zonas rurales, la compra de material quirúrgico avanzado o el mantenimiento de hospitales y centros de salud.

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