El descuento telefónico para rentas bajas cae a mínimos

Solo lo disfrutan ya 33.000 usuarios, apenas el 1,4% en comparación con quienes aún tienen el bono social eléctrico

J. A. BRAVO

madrid. Los consumidores cada vez tienen más difícil acceder a descuentos en las tarifas de servicios básicos, como la energía y las comunicaciones, habilitados en teoría para quienes están en peor situación económica. Pasa ahora con el llamado bono social eléctrico, donde se teme que la cifra de beneficiarios actuales se reduzca de forma drástica -incluso a menos de la mitad de los casi 2,4 millones que hoy en día lo disfrutan- por el nuevo sistema y sus requisitos más exigentes; y antes le ocurrió algo parecido al descuento telefónico para personas con ingresos reducidos.

Únicamente jubilados con rentas bajas (por debajo de 8.946 euros anuales) tienen derecho al llamado Abono Social de Telefónica, que lo gestiona como titular del servicio universal de telecomunicaciones en España y operador aún claramente dominante. Así está previsto en la normativa del sector y lo viene decidiendo cada año su regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El coste, sin embargo, también es asumido en parte por las otras compañías con red propia (Vodafone, Orange y MásMóvil).

Ahora es menos de la mitad que en los primeros años de la crisis, 6,9 millones de euros según los últimos datos oficiales publicados (corresponden a 2015). Claro que también sus beneficiarios son poco más de un tercio que entonces: 33.301 en 2017 frente a 116.374 en 2010, apenas el 1,4% del número de personas que aún tienen el bono social en la factura de la luz. Y si nos remontamos a principios de siglo (442.936 usuarios en 2003), son trece veces menos.

El descuento que reciben esos pensionistas llega al 95% en la cuota de abono mensual del teléfono fijo (apenas un euro de los casi 17,5 que cuesta al mes, IVA incluido). El inconveniente es que solo se aplica si se contrata con Telefónica de forma aislada, esto es, no puede añadirse a un paquete convergente con otros servicios (internet, móvil, televisión...), ni siquiera a una tarifa de voz plana para hablar más tiempo por el mismo importe.

La CNMC pide cambios

Eso hace que, para quienes sí desean tener esos servicios, no resulte rentable en muchos casos la contratación por separado. En este sentido, la CNMC ha pedido al Gobierno que levante esas limitaciones. También ha reclamado que se abra la mano con el tipo de posibles beneficiarios, por ejemplo, incluyendo a desempleados de larga duración y familias numerosas con rentas bajas. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital todavía está estudiando su propuesta.

Otro factor que ha contribuido a reducir la cifra de posibles beneficiarios ha sido el aumento de las pensiones mínimas contributivas, aunque al reducirse al 0,25% los últimos cinco años también se ha aminorado ese ritmo de caída en el Abono Social de Telefónica. El coste medio por persona de aplicar ese descuento es de 125 euros anuales.

En cualquier caso, dicha partida se incluye en el conjunto del servicio universal telefónica que garantiza, entre otras cosas, que todos puedan acceder a una red telefónica fija y pública desde cualquier punto del país a precio asequible. En 2015, último dato, costó todo 15,1 millones (sin contar cabinas), con un descenso anual del 13%.

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