Las denuncias de Hacienda por delito fiscal se hunden el 78% desde el 2011

La reducción del número de denuncias no es nuevo, pero parecía haberse ralentizado en 2015, cuando la caída fue del 12,8%. Sin embargo, los datos del pasado ejercicio muestran que el retroceso se acelera exponencialmente al duplicarse el ritmo de caídas. Este menor número de denuncias tiene su reflejo en una disminución de la cantidad defraudada que la Agencia Tributaria reclama por estos delitos. En concreto, el año pasado pidió 278 millones, frente a los 442 millones de 2015. Es decir, un significativo retroceso del 37%. Sin embargo, el hundimiento se multiplica y alcanza el 69,4% al compararse con los 909 millones que Hacienda reclamó en 2011.

Con estos datos, el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) criticó de nuevo la opacidad de los datos de la lucha contra el fraude al considerar que pese a las grandes cifras «ocultaban» un retroceso de las denuncias por delito fiscal -la cantidad defraudada debe superar los 120.000 euros para tener esa tipificación-. En este sentido, Gestha ha propuesto en reiteradas ocasiones que se rebaje ese límite a 50.000 euros. Para este sindicato, los datos podrían significar que los esfuerzos de la Agencia Tributaria se centra más en los casos de fraude que afectan a pequeños contribuyentes físicos o jurídicos que a las multinacionales o grandes fortunas implicadas en supuestos casos de evasión fiscal como los 'Papeles Paraísos' o de Panamá. Asimismo, otra de las causas puede estar en el recorte de plantilla de un 9% desde 2008.

Sin embargo, desde la Agencia Tributaria justifican esta caída de las denuncias por el contexto económico de los años que se investigan. En concreto, fuentes de la Agencia Tributaria recuerdan que los datos de 2011 implica las investigaciones abiertas en los cuatro años anteriores no prescritos. Unos ejercicios que estaban afectados por la gran actividad inmobiliaria de los años de bonanza y, por tanto, el volumen de fraude era más elevado. En este sentido, las mismas fuentes sostienen que la reducción de actividad en ese importante sector, consecuencia de la contracción económica y la crisis, ha hecho que ese tipo de expedientes remitidos por este delito se hayan reducido sensiblemente.

Sin embargo, ese argumento no explica el retroceso superior al 30% vivido en el último año. Por ese motivo, fuentes del organismo también consideran que existe otra razón para este descenso. En concreto, recuerdan que 2016 fue el primer año en el que estuvo en pleno funcionamiento la reforma en la tramitación del delito fiscal contemplada en la reforma de la Ley General Tributaria de 2012. Entre otras novedades la normativa permite a la Agencia Tributaria practicar una liquidación provisional en relación a los expedientes en los que se aprecia delito, así como a efectuar el cobro de la deuda cuantificada en esa liquidación, sin perjuicio de que se inicie la tramitación penal.

Unos cambios legislativos que fuentes del departamento que dirige Santiago Menéndez consideran que ha implicado una mayor complejidad en el corto plazo de las operaciones de investigación, lo que influye en la disminución de los expedientes remitidos a vía penal. Sin embargo, también advierten de las ventajas en el largo plazo, ya que permite un anticipo el cobro de la deuda.

La Agencia Tributaria también esgrime como positivo la mejora de su grado de eficacia en sus denuncias. Y es que hasta un 68% de las sentencias por delito fiscal se saldan con un resultado total o parcialmente favorable a las tesis del organismo, frente al 59% que existía en 2010.

Por otra parte, el informe publicado ayer también recoge que la deuda media por fraude fiscal liquidada por la Agencia en 2016 disminuyó un 21%, hasta los 192.200 euros, frente a los 243.525 euros del año anterior. Además, el número de contribuyentes inspeccionados en 2016 se situó en los 27.618, lo que supone un retroceso del 5,66% respecto al ejercicio precedente.